Con la ley antipiquete de Salta habrá que pedir autorización un día antes de hacer la manifestación

El proyecto aprobado anoche tiene por objeto "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza".

El tratamiento de la iniciativa sobre tablas por los legisladores del riñón más cercano al Ejecutivo provincial, causó cierto debate en el recinto donde muchos legisladores esbozaron una crítica al momento elegido para aprobar el proyecto, por considerarlo inoportuno en el contexto de la protesta de docentes y personal de salud autoconvocados.

Mientras tanto, desde el oficialismo defendieron la iniciativa y remarcaron que da la oportunidad a quienes protestan de hacerlo en un marco de orden y que, al mismo tiempo, garantiza al resto de los ciudadanos el cumplimiento de derechos constitucionales, como el de la libre circulación.

El proyecto, de autoría de las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore, establece que "la autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos; habilite, aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; evite la comisión de delitos tipificados en el código penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración de las mismas, incluidos los daños a la propiedad pública o privada; y se haya realizado la correspondiente notificación, conforme lo determinado por la presente Ley".

En este sentido, la notificación "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo o ante la autoridad de aplicación", explicitando los detalles de la misma.

Deja sentado, además, que "las protestas o manifestaciones que no cumplan con la norma y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria que será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia".

Fuente El Tribuno