La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa por vejaciones agravadas en perjuicio de un hombre y que tiene a nueve efectivos policiales imputados.
JUDICIALES 13/05/2021 Redacción
Las imputaciones recayeron sobre los cabos Santiago Delfín Jonatan Alcoba y María José Miranda, el sargento Aldo Daniel Chauque y el suboficial principal Leonardo Corrillo, con revista en la Comisaría 104 de barrio Palermo I; quienes fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, y falsedad ideológica, todo en concurso real.
Los sargentos ayudantes Jorge Alfredo Guitián y Jorge Valdiviezo, junto al sargento Jorge Alberto Saracho, con revista en la subcomisaría de Grand Bourg; y el cabo Álvaro Guanca junto al agente Cristian Cruz, con revista en la subcomisaría de Villa Asunción, fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real.
Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron tras la recepción de una copia del decreto de la audiencia de imputación de la víctima de la Fiscalía Penal 1, en la que expresó que el 19 de diciembre de 2020, salió de su casa en dirección al domicilio de un amigo ubicado en barrio Bicentenario.
Relató que cuando caminaba junto a su amigo, frenó el móvil 1723 de la Comisaría 104 de barrio Palermo I, con cuatro policías que comenzaron a insultarlos, por lo que hicieron “oídos sordos” y siguieron caminando, pero la policía los seguía “bardeando”.
Cuando el amigo les pidió que los dejaran de molestar, los policías se bajaron del móvil y los siguieron hasta el domicilio de éste, donde esperaron a que el móvil policial se fuera. Sin embargo, al lugar también llegaron los móviles 1682 de la subcomisaría de Grand Bourg y 1700 de la subcomisaría de Villa Asunción.
Los efectivos patearon la puerta del domicilio, rompieron un vidrio con piedras e ingresaron contra la voluntad de la dueña de casa, donde tiraron al piso al denunciante, lo esposaron y lo golpearon.
Sostuvo que la familia trataba de que los policías se fueran pero que los efectivos no le hacían caso e insultaban a toda la familia, aunque en la casa había menores asustados.
La víctima indicó que fue subida a los golpes a uno de los móviles y que al llegar a la Comisaría lo tiraron al piso. Luego, se sumaron más policías y entre todos, lo patearon.
Tras esto, fue llevado al hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron doble fractura de mandíbula, se la inmovilizaron y le dijeron que necesitaba una prótesis de platino y medicamentos. Sin embargo, sostuvo que fue llevado a la Alcaidía y que no le dieron ninguno de los medicamentos indicados en el hospital y que no podía comer.
El informe médico del Gabinete de Medicina Legal del CIF, indicó que la víctima presentaba una fractura de mandíbula y que por las características de la lesión, sería compatible con traumatismo contuso, al golpearse o ser golpeado con o contra un elemento o una superficie dura, con un tiempo probable curación superior al mes y de incapacidad laboral de entre 40 y 60 días. ´
La acusación de falsedad ideológica devino porque los efectivos labraron un acta en la que hicieron constar que la dueña de casa sí había autorizado el ingreso al domicilio, lo cual no sucedió.
Tras analizar las pruebas que surgieron de la investigación, entre las que se encuentra la declaración de la víctima, diversos testigos del hecho, los informes médicos y el estudio de imágenes, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.
La medida la tomó el juez Julián Ercolini y aplica también para otros exfuncionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el broker Héctor Martínez Sosa. El magistrado pidió también el levantamiento del secreto fiscal.
La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la condena a una empresa concesionaria y a la administradora de plan de ahorro a reintegrar las sumas ahorradas por una consumidora.
El juez de Garantías de Metán, Mario Dilascio, condenó a un joven de 22 años por ser autor de los delitos de tenencia simple de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real, y le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.
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