Juan Cruz Gorosito
El conflicto en el PAMI sumó un nuevo capítulo de tensión tras el inicio de un paro de 72 horas por parte de médicos de cabecera en todo el país. La medida responde al rechazo de una reciente resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y modifica las condiciones laborales.
La disposición cuestionada es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, publicada el 9 de abril, que fue presentada por el organismo como un “ordenamiento” del sistema. Sin embargo, desde el sector médico advierten que en la práctica representa un ajuste que afecta de manera directa la remuneración.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la actualización de la cápita, que pasa a ser de $2.100 por afiliado. Aunque a simple vista podría interpretarse como un aumento, los profesionales sostienen que se trata de una mejora “engañosa”, ya que viene acompañada por la eliminación de ingresos clave.
Entre los cambios más cuestionados se encuentra la eliminación del pago por consulta presencial —que hasta ahora permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales—, la incorporación de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos económicos vinculados a la capacitación y formación continua.
“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, señalan desde el sector, al advertir que el nuevo esquema obliga a cubrir consultas, seguimientos y prácticas médicas con un ingreso que consideran insuficiente.
Según explican, el impacto es inmediato: más carga laboral con menores ingresos y menor reconocimiento profesional. En ese contexto, sostienen que el modelo resulta “inviable” para mantener consultorios privados, que deben afrontar costos como alquileres, servicios e insumos.
La resolución también introduce modificaciones administrativas, como la implementación de un nomenclador unificado para médicos de cabecera, con el objetivo de “evitar la dispersión normativa”. Además, elimina el artículo que contemplaba incentivos económicos para la formación de posgrado, bajo el argumento de que esos objetivos ya fueron alcanzados.
Esta decisión generó un fuerte rechazo entre los profesionales, quienes cuestionan la contradicción entre mayores exigencias y la falta de reconocimiento económico.
El paro, que afecta la atención habitual de miles de afiliados, se desarrolla en un contexto de creciente tensión dentro del sistema de salud del PAMI. Desde el sector advierten que, de no haber respuestas oficiales, el conflicto podría profundizarse en los próximos días.
