La medida fue publicada en el Boletín Oficial y beneficia a mujeres, varones trans y no personas no binaries. La iniciativa fue presentada a fines de mayo por la ministra Ayelén Mazzina.
PAIS21/07/2023
Juan Cruz Gorosito
La menstruación se encuentra contemplada como una cuestión de salud pública. Así lo demostró este martes el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tras oficializar, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la creación del Programa Nacional MenstruAR, que promueve el acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible.
¿En qué consiste el Programa MenstruAR del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad?
En la Resolución 393/2023, firmada por la ministra Ayelén Mazzina, se indica que el programa funcionará en el marco de la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad.
Asimismo, se crea la mesa intersectorial federal de articulación del Programa de acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible, que estará integrada por las áreas de género y diversidad de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales, políticas, sindicales, productivas, empresariales, no gubernamentales, tanto del sector público como del privado.
El programa MenstruAR fue presentado a fines de mayo por la ministra Mazzina y, según se explicó, es “una política integral que acompaña y asesora a gobiernos locales para el fortalecimiento de los programas que llevan adelante sobre gestión menstrual”.
La medida surge a partir de entender que la gestión menstrual exige "una inversión económica que dificulta que miles de mujeres, varones trans y personas no binaries menstruantes puedan gestionar adecuadamente su ciclo menstrual", con consecuencias que impactan en los distintos ámbitos donde desarrollan su vida, entre ellos el escolar y laboral.
Los productos de gestión menstrual más utilizados, como los tampones y las toallitas descartables, pueden ser "hasta un 50% más costosos que el promedio de los valores de los productos de la canasta básica", se indicó en los fundamentos de la resolución.
En ese contexto, a través del programa, se entregan copas menstruales y toallitas reutilizables a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las mujeres, varones trans y personas no binaries a insumos de gestión menstrual.
Además, se promueve el cuidado ambiental a través de la utilización de estos productos sustentables, con el objetivo de reducir el uso de insumos descartables.
La medida advierte que la menstruación suele tener "una connotación negativa" generalmente asociada "a mitos patriarcales que la consideran sucia, contaminante, que interfiere con las actividades productivas, que genera inestabilidad emocional en las mujeres y otras personas menstruantes y afecta su juicio".
En ese sentido, propone llevar adelante capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria para brindar herramientas e información para acompañar y asesorar a quienes accedan a estos productos.
La iniciativa surge tras las recomendaciones realizadas por un grupo de expertos y expertas en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que instaron a los países partes a tomar medidas para "romper el tabú social" en torno a la salud menstrual y ejecutar líneas políticas específicas, según refiere el texto de la resolución.
Así lo consideraron al advertir que el estigma y la vergüenza generados por los estereotipos en torno a la menstruación tienen "graves impactos" en todos los aspectos de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, como la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento, la educación, el trabajo, la libertad de religión o de creencias, condiciones de trabajo saludables, y de participar en la vida cultural y pública sin discriminación.
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
