Auditorías en el Estado: Detectan ingresos irregulares de 3000 personas por ministerio

En el Gobierno dicen que con la obligatoriedad de presencialidad se va a reducir un 10% la planta estatal. Prevén un esquema de retiros voluntarios.

PAIS 13/12/2023 Juan Cruz Gorosito Juan Cruz Gorosito
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En el Gobierno de Javier Milei creen que las auditorías sobre la planta de empleados de cada uno de los ministerios, secretarias y dependencias de la Administración Pública Nacional podrían estar listas para la última semana de diciembre. El plan de reducción del personal estatal que plantean en La Libertad Avanza tiene diferentes etapas y un objetivo claro: eliminar todo empleado que no sea esencial o cumpla una actividad relevante para la función del Estado Nacional.

De esta manera, y mientras se aguarda por el resultado de la radiografía de la estructura estatal, en el Gobierno adelantan que todos los contratos de planta permanente que venzan el próximo 31 de diciembre no serán renovados (en su gran mayoría) y que con la obligatoriedad de la presencialidad en los puestos de trabajos se reducirá, de aquí a marzo, un 10% la planta del Estado. “Muchos que cobran un sueldo tienen otros trabajos y no vienen, con esta vamos a conseguir una reducción inicial”.

Actualmente, la Administración Pública Nacional tiene unos casi 400 mil empleados, por lo que se espera reducir en 30 mil esta planta con la medida de presencialidad y otra importante reducción se producirá a partir de la no renovación de contratos. El número total todavía se mantiene en reserva hasta tanto se culminen las auditorias.

Recorte en el Estado: No renovarán los contratos que venzan en diciembre

El plan de reducción estatal es coordinado por la jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, y en el proceso interviene Federico Sturzenegger, que de hecho estuvo reunido el martes en la segunda de las reuniones de gabinete.

El Gobierno de Javier Milei pone particularmente la mira en las contrataciones y nombramientos que se produjeron luego de que el Gobierno emitió el decreto 426/2022, que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. La medida -salvo contadas excepciones- regía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los equipos técnicos libertarios sostienen que no se cumplió.

A modo de ejemplo, un funcionario de LLA dijo que detectaron que en el último año en uno de los ministerios se habían sumado 3000 nuevos empleados. La cifra de empleados “irregulares” podría ser mayor a la esperada, sostienen en el espacio libertario.

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