A través del DNU 231, firmado por Milei y todos los ministros, se garantizarán las partidas establecidas por ley para “el mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.
PAIS08/03/2024
Juan Cruz Gorosito
El Ejecutivo prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza el envío automático de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se estableció mediante el DNU 231, publicado este jueves 7 de marzo en el Boletín Oficial.
La medida llega luego de que el Gobierno había tensado al máximo el conflicto de los gremios de maestros y con los gobiernos provinciales por los recortes en esas partidas.
En los considerandos del decreto, se aseguró el “reparto automático de los recursos” a los ministerios de Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.
Ante la prórroga del Presupuesto 2023, el Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.
Por su parte, recuerda que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo estableció por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.
¿Qué va a pasar con los fondos educativos en marzo?
A raíz del DNU 231, el Gobierno garantizó el envío de los fondos educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires al prorrogar el artículo 7 de la ley 26.075 que establece el “el pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”. En uno de los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que ante la situación económica y social “resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo”.
Esta medida se da luego de la tensión entre los gremios docentes y los gobierno provinciales con el Ejecutivo quienes habían rechazado la decisión que tomó Milei acerca de la retención de las partidas presupuestarias para educación.
Según dicta la 26.075, el Ejecutivo debe repartir una cantidad equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI).
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
