La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reconoció que el tema está en agenda y que se analizan distintas opciones . Miran el impacto que la medida tuvo en otros países de la región.
PAIS09/05/2024
Juan Cruz Gorosito
La baja de la edad de imputabilidad es una discusión que se reactiva en la Argentina cada vez que se produce un cambio de Gobierno. Y esta nueva etapa, con la ideología libertaria en el poder, no es la excepción.
La administración de Javier Milei reconoció públicamente que tiene el tema en la mira y dio detalles del debate que se realiza puertas adentro, antes de plantear un proyecto formal. “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, sorprendió Patricia Bullrich esta mañana, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre. Aquí, la lista con la modalidad que aplican los distintos países.
La funcionaria explicó que se analiza “cómo ha impactado eso en la población” de los países que bajaron la edad. Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.
En la misma entrevista, Bullrich enfatizó que es necesario diferenciar la tipología/gravedad de los casos antes de condenar a los responsables: “Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
