Según cálculos oficiales que coinciden con números privados, ese será el impacto de la huelga general de la CGT sobre la actividad. Representaría un 1,1% del PBI de mayo o un cuarto de lo que se produciría en un día normal
PAIS10/05/2024
Juan Cruz Gorosito
El paro nacional que realizó la CGT este jueves le costará a la actividad económica más de 500 millones de dólares, según estimaciones que hizo el Gobierno nacional y también desde el sector privado.
Para eso se estimó cuál sería un nivel razonable de adhesión a la huelga general en los distintos sectores productivos de la economía. “El cálculo tomando el PIB mensualizado estimado a hoy y haciendo supuestos de adhesión que consideramos razonables daría unos USD 520 millones diarios de costo”, aseguraron desde el equipo económico.
Un cálculo hecho por el economista Fausto Spotorno junto con la UADE puso ese número en torno de los USD 544 millones. “Según la estimación preliminar del Instituto de Economía de UADE, el costo económico que implica el paro general este 9 de mayo de 2024 sería de $489.272 millones o USD 544 millones. Esta cifra equivale al 1,1% del PIB de mayo o el 24,3% de lo que se hubiera producido en el día. Este cálculo asume que no todos los sectores y regiones perderán por igual durante el paro, y que incluso, el 20,1% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del mes”, explicaron desde ese centro de estudios.
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunos sectores prácticamente no sufren ningún impacto y otros lo recuperan rápidamente. Sin embargo, hay otros sectores y empresas que sufren pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pueden recuperar gran parte de lo perdido, lo harán en un plazo mucho más largo. Por eso, es que este cálculo se hizo de sector a sector”, mencionaron desde el Instituto de Economía de la UADE.
“En esta estimación sólo se tomaron las pérdidas directas, netas de las recuperaciones que se darán dentro del mes. Así, por ejemplo, el comercio recuperará un 35% y restaurantes el 0% de lo que no se venda. En este sentido, los sectores que explican la mayor parte del impacto negativo, es el sector de industria manufacturera y el de la construcción. Ambos sectores, perderán producción que será difícil de recuperar o que se lo hará con mayores costos”, concluyeron.
El mayor impacto se produciría sobre los sectores productores de servicios, que de los 544 millones de dólares que estimó la UADE, absorberían unos 277 millones de dólares. Enseñanza, servicios de salud y servicios sociales representarían unos 90 millones de dólares, unos $81.000 millones. Le siguen el comercio con 56 millones de dólares, intermediación financiera con 43 millones de dólares, entre otros.
Dentro de los productores de bienes, el impacto total sería de 175 millones de dólares, concentrado mayormente en la industria manufacturera que se llevaría la peor parte, con unos 110 millones de dólares, casi 100.000 millones de pesos. La construcción resignaría, por su lado, unos 50 millones de dólares.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
