
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
El fallo se resolvió durante la tarde de este domingo. La prohibición del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
PAIS18/04/2021 RedacciónLa Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
La decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto.
El Gobierno no forma parte del expediente, por lo que no podrá apelar la decisión del tribunal. Solo pueden hacerlo las partes que forman parte de la causa y no es el caso del Ejecutivo nacional. Es decir, la medida se hará efectiva a partir de mañana y los chicos podrán retomar las clases presenciales.
La votación del tribunal fue unánime. La recusación presentada por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, para que no participe en la decisión, fue rechazada. La hermana del funcionario formó parte de la votación. Según le informaron a Infobae fuentes judiciales.
El tribunal resolvió: “1.Hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación. 2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, conforme lo expuesto en los puntos 3, 4 y 5 y las facultades dispuestas en el art. 184 CCAyT, disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21 3. Sin costas por no haber medido contradicción (conf. arts. 14 CCABA, 2° de Ley N° 2.145 –texto consolidado por la Ley N° 6017– , 62 y 63 del CCAyT)”, indicó el fallo.
Minutos después de conocerse la decisión de la justicia porteña, ATE Capital y UTE-CTERA convocaron a un paro docente. “El poder judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional. La salud y la vida son prioridad”, indicaron desde las agrupaciones sindicales.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del Gobierno que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Fuente Infobae
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