Raúl Fernando López, juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, condenó a Guillermo José Emanuel Albis por ser autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta. 

Albis continuará alojado y cumplirá su condena en la Cárcel 3 de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

En el fallo, su hermana Emma Guadalupe Reales, recibió la pena de dos años y ochos meses de prisión en suspenso, por resultar partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Se le impuso como reglas de conducta por el término de dos años, la realización de tareas, cada 15 días, en el Centro Vecinal del Barrio San Francisco de Orán. No deberá cometer nuevos delitos, y tampoco relacionarse con personas o acercarse a lugares que se relacionen con la venta de estupefacientes.

R.R. y su sobrino R.J.A.R., fueron condenados a dos años de prisión en suspenso, por ser considerados autores del delito de tenencia simple de estupefacientes.

Teniendo en cuenta la condicionalidad de la pena se le impusieron como reglas de conducta a ambos por dos años, realizar trabajo comunitario de mantenimiento general en el Centro de Salud del barrio 25 de Mayo de Orán cada 15 días,  con una donación de alcohol en gel durante un año, abstenerse de cometer nuevos delitos, no relacionarse con personas o acercarse a lugares que se relacionen con la venta de estupefacientes. En lo que respecta a R.R. tendrá que realizar un tratamiento por su adicción en una institución o en el hospital local, debiendo presentar las respectivas constancias

El magistrado advirtió a los penados que en caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta de manera injustificada, las condenas impuestas serán efectivas. 

Finalizada la audiencia, estos recuperaron su libertad. De esta forma, y los acusados reconocieron su participación en el hecho juzgado, y  el magistrado acepto el acuerdo de juicio abreviado.

Las investigaciones se iniciaron por una denuncia anónima a la División de Drogas Peligrosas, en octubre de 2019.