"Intímese a que en un plazo de 10 días hábiles de recibida la presente, proceda a presentar la documentación adeudada conforme a los requisitos exigidos, todo ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones legales correspondientes en caso de incumplimiento", señaló el organismo.
Morales es un cuestionado funcionario municipal que se desempeña como director de Protección Civil e integra el Comité Operativo de Emergencias (COE) de Metán. Actualmente se encuentra de licencia por problemas de salud.
"Este hombre pasó de ser piquetero a funcionario municipal", recordaron varios vecinos metanenses.
Su mandato como presidente de la comisión directiva de los bomberos voluntarios de la localidad está vencido desde hace más de un año y medio. "Conforme al acta de asamblea de fecha 22 de diciembre de 2017, se registró en el organismo la renovación total de los miembros de la comisión directiva y órgano de fiscalización, cuyos mandatos, según estatuto, tienen una duración de 2 años. Se encuentran vencidos al día de la fecha en los cargos de presidente, secretario, vocal titular 2, vocal suplente 2 y 3 y órgano de fiscalización titular", señala la notificación de Inspección General de Personas Jurídicas.
Sin balances
"Surge del legajo de la entidad de referencia que al día de la fecha se adeuda el tratamiento y aprobación de los ejercicios correspondientes a los períodos 2018, 2019 y 2020, cerrados el 31 de diciembre de cada año", especifica, confirmando las irregularidades denunciadas públicamente por El Tribuno en ediciones anteriores.
"Se le debe hacer conocer que deberá tratar y aprobar memorias, inventarios, informes del órgano de fiscalización y balances por los períodos 2018, 2019 y 2020, firmado por contador y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Salta. En cuanto a la renovación de autoridades, deberán hacerlo conforme al estatuto", indicó el organismo.
Debe rendir cuentas
La comisión directiva que preside irregularmente Morales deberá rendir cuentas sobre los subsidios nacionales recibidos, el pago por servicios prestados al peaje ubicado en Cabeza de Buey, las fumigaciones realizadas por los bomberos y pagadas por productores de la zona cuando se produjo la plaga de langostas, donaciones e ingresos extras de la institución.
Los últimos subsidios nacionales recibidos el año pasado superan los $2.000.000.
Lo que también llama la atención es que los bomberos no tengan una cantidad considerable de vecinos asociados que aporten para realizar mejoras en la institución y que no se hagan campañas en ese sentido. "Es una estrategia para que nadie más tenga voz y voto y de esa manera puedan seguir ellos mismos manejando nuestra institución", dijo un bombero a El Tribuno.
Fuente El Tribuno
