Juan Cruz Gorosito
Funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, en los rangos de Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores se capacitan en perspectiva de género como lo establece la Ley 27499 “Micaela”.
En el inicio de la jornada, el ministro Ricardo Villada indicó que las situaciones de violencia atraviesan de manera transversal a todas las áreas del Gobierno. “No podemos ser sólo espectadores. Disminuir los hechos de violencia por motivos de género es una política de Estado y es nuestra responsabilidad cambiar la realidad”.
En la ocasión los presentes realizaron una dinámica de roles para analizar y visibilizar la brecha social, el acceso a la igualdad de oportunidades, estereotipos discriminatorios y sexistas que revictimizan a quienes sufren situaciones de violencia o discriminación incorporados en las prácticas cotidianas.
Al respecto la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes destacó que “incorporar la perspectiva de género en la gestión es uno de los lineamientos principales que nos indicó el gobernador, Gustavo Sáenz, y en ello hacemos hincapié. Debemos caminar hacia la igualdad de oportunidades”.
La formación se dictará en cuatro módulos que se impartirán el 23, 30 y 7 de octubre en el Centro Cívico Grand Bourg. De esta manera, se da cumplimiento a la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ley Micaela
La Ley Nº 27499 conocida como Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En Salta la adhesión se dio a través de la Ley Provincial Nº 8139/19 y su órgano de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos.
Esta Ley se crea en homenaje a Micaela García asesinada en 2017 por Sebastián Wagner en Entre Ríos. Sebastián Wagner estaba preso por dos violaciones desde 2010 y un juez en 2016 le otorgó la libertad condicional a pesar de que los informes técnicos indicaban lo contrario.
