La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), en diálogo con El Vocero aseguró que si Cyntia Moya tiene intenciones de devolver el dinero a las personas que invirtieron en "Ríos y Asociados", lo podría hacer desde el lugar de detención y no requiere de estar en libertad para poder hacerlo.

Es que Moya en diálogo con El Vocero desde su lugar de detención, pidió ser liberada para poder devolver el dinero. “Desde que estoy aquí que pido audiencia con la fiscal porque queremos resarcir a la gente, pero no nos da lugar a nada, la fiscal lamentablemente no nos escucha nos hace quedar como que nosotros no queremos pagar a la gente, pero nosotros queremos salir para poder pagar. Ya son cuatro meses donde la fiscal no nos da lugar a nada. Quiero decirle a la gente que sí se les va a pagar, quiero salir para pagarles a ellos, pero la fiscal no nos da lugar”, expresó la mujer en el audio publicado por este medio.

 Moya sostuvo que “la fiscal rechaza todo, rechazó la domiciliaria por la situación de mi salud, nosotros queremos arreglar con la gente y que no salga perdiendo. Muchos invirtieron por enfermedad o porque necesitaban un poco más de dinero y ahora la fiscal no da lugar a nada”.

 Al ser consultada sobre el dinero invertido, la detenida fue contundente: “la plata de la gente está, lo que nosotros pedimos es que nos liberen a nosotros para poder pagar a la gente porque la fiscal quiere que nosotros paguemos desde adentro, pero hay contratos que se han falsificado y muchos que no son, y por eso pedimos la libertad. Esto no es una estafa, no encuadra en el delito”.

Moya sostuvo que “la devolución se va a hacer cuando nosotros podamos salir, lo que pedimos ahora es que la gente nos apoye para que la fiscal nos de la libertad a todos y nosotros podamos comenzar a pagar a la gente”.
 “Desde el primer día que dijimos que queremos devolver a la gente la plata de la carpeta completa o el capital, pero la plata de la gente sí está”, expresó la mujer.

 Moya insistió en que es necesario “el apoyo de la gente para que la fiscal se ablande y podamos comenzar a pagar”. Ante la consulta sobre si el dinero para devolver es el mismo que está secuestrado, Moya dijo que “no es la misma plata”, y negó que los montos publicados por el Ministerio Público sean los reales dentro del proceso, “son montos que ellos están poniendo pero no tienen idea de los montos y la única que los conoce soy yo, la gente está mal y queremos devolver”.

Lejos de acceder, la fiscal Salinas explicó que no puede otorgar la libertad a la mujer sindicada como la cabecilla de la organización por las acusaciones. "Es una expresión en la que supedita la posibilidad de cumplimiento a  su libertad, pero estamos en un proceso donde ella está imputada y debe responder por un delito de asociación ilícita como jefa operativa de esa organización y además por numerosas estafas, falsificación de instrumentos entre otras cosas, por lo que no soy yo, sino que la ley no permite que pueda estar en libertad mientras avanza el proceso".

En relación al dinero, la fiscal explicó: “sabemos que el producto del delito está oculto a disposición de ella y lo que corresponde, según la ley, es que ese dinero se recupere en el contexto de la causa y por una acusación tan grave como la que tiene y por la extensión del daño causado es imposible hablar de su libertad como sería en cualquier situación similar”. De esta manera Salinas descartó la posibilidad de que fuera a recuperar su libertad en poco tiempo.

 Sobre la devolución del dinero dijo que “no existe ningún impedimento para que ella cumpla desde su lugar de detención si esa es su intención, ya sea poniendo a disposición de la justicia el dinero o a través de las personas que siguen actuando desde afuera, esto que ella manifiesta que existen contratos que se falsifican, es otra de sus maniobras porque sus contratos se encuentran secuestrados en su mayoría por lo que sería muy difícil alterarlos y si existen contratos no secuestrados, ella podrá realizar la revisión, pero no hay ningún impedimento para que ella cumpla desde su lugar de detención si es esa su intención”.

 Salinas indicó que “las víctimas son de los contratos que tenemos y donde se puede comprobar que fueran inversiones reales. Los contratos secuestrados son los que se encontraron en las oficinas y en los domicilios allanados”.  Al ser consultada si en caso decidieran que se devuelva el dinero a través de terceros hubiera riesgo de secuestrar esos montos, Salinas dijo que no “hay ningún contexto en un proceso penal que pueda adelantar una opinión o realizar una apreciación. El objetivo de la investigación es saber quiénes son las personas que están involucradas en la causa y qué papel cumplían dentro de la organización”.

 Sobre el punto de la desvalorización del dinero invertido y la necesidad de recuperar por parte de los inversores, dijo que “la gente debe presentarse como querellante en la causa y exigir la devolución del dinero con la suma actualizada cuyo asesoramiento le corresponde a los abogados”.