El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
Denuncian el desvío de 118 millones de pesos y discrecionalidades durante la gestión de Alberto Fernández
El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal por irregularidades en la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino durante la presidencia de Alberto Fernández.
PAIS27/08/2024
Juan Cruz Gorosito
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue supuestas irregularidades cometidas durante la presidencia de Alberto Fernández. Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la denuncia surge a partir de una auditoría que reveló la desviación de fondos por un total de 118 millones de pesos.
La denuncia apunta a discrecionalidades en el uso del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino, un recurso destinado a financiar proyectos de desarrollo económico y social en el país. El vocero del Gobierno, en una conferencia de prensa, detalló que la investigación involucra 22 hechos distintos que podrían constituir delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y malversación de fondos.
Manuel Adorni destacó que la auditoría fue encabezada por Mariano de los Heros, actual titular de ANSES, y que los resultados del informe motivaron la presentación de la denuncia. El funcionario enfatizó que estos presuntos desvíos representan una grave violación a la confianza pública y deben ser investigados a fondo.
Además de la denuncia, Adorni aprovechó la oportunidad para criticar duramente la "corrupción transformadora," un concepto que ha generado polémica en las redes sociales. Según el vocero, quienes defienden la corrupción bajo cualquier pretexto son cómplices del empobrecimiento del país y del deterioro de sus instituciones.
El Gobierno espera que la Justicia avance con la investigación y determine las responsabilidades correspondientes en estos hechos, que podrían tener profundas repercusiones políticas y judiciales para los involucrados en la gestión anterior.
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