El expresidente reiteró su solicitud de que la causa impulsada por Fabiola Yáñez sea llevada a la justicia federal de San Isidro, argumentando la necesidad de un tratamiento adecuado y justo en un contexto de creciente tensión judicial.
PAIS28/08/2024
Juan Cruz Gorosito
Alberto Fernández, expresidente de la Nación, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia al reiterar su pedido para que la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama, Fabiola Yáñez, sea trasladada a la justicia federal de San Isidro. La solicitud fue presentada por su defensora, Silvina Carreira, ante el juez federal Julián Ercolini.
El pedido de Fernández se da en medio del avance del fiscal Ramiro González, quien se ha enfocado en episodios ocurridos desde 2016 en la Ciudad de Buenos Aires. Carreira ha argumentado que, debido a la naturaleza y la extensión de los hechos denunciados, la justicia de San Isidro es la jurisdicción más adecuada para tratar el caso.
El juez Ercolini ya había rechazado un pedido similar, lo que llevó a Carreira a apelar su fallo. Ahora, la Cámara Federal de Buenos Aires deberá decidir si acepta el traslado de la causa, lo que podría tener un impacto significativo en el desarrollo del proceso.
El fiscal González ha defendido su posición argumentando que los hechos de violencia denunciados ocurrieron principalmente en la Capital Federal, lo que justificaría la intervención de la justicia porteña. Sin embargo, la defensa de Fernández sostiene que la violencia denunciada fue un fenómeno extendido en el tiempo y en diferentes lugares, lo que complicaría una investigación local.
El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial, con cada movimiento siendo observado de cerca tanto por los medios de comunicación como por la opinión pública, mientras se espera la resolución de la Cámara Federal.
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Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
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