Redacción
Por estos días, la Justicia Federal investiga de lleno una trama de irregularidades en el registro y tránsito de animales, descubierta por dos productores agropecuarios en Salta. El caso afecta al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La investigación surgió por denuncias de una productora y una fundación del rubro, a las que se sumó el resultado de una auditoría del organismo, con lo que la oficina ubicada en la localidad de Joaquín V. González es en estos momentos la principal apuntada.
En el trabajo judicial intervienen el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, bajo la supervisión de la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez.
Los acusados
Raúl Francisco Díaz Pardo, el Coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA
Sergio Miguel Achtar, inspector profesional y encargado de la oficina de SENASA
Natalia Gramajo, secretaria administrativa de dicha sede.
“Los tres acusados quedaron cesantes a fines de junio pasado, por una medida adoptada por el organismo nacional”, señalaron en uno de los sitios oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Por ahora, los acusados enfrentan una imputación penal por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en “concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos requerida contra tres exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)”.
La denuncia
Este verano, el pasado 3 de enero, se establecieron dos denuncias. En la primera, Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”, el ente sanitario a cargo de campañas de vacunación y emisión de documentos electrónicos de transporte de ganado.
Luego, un familiar de una productora de la zona sumó otra acusación.
Hoy la Justicia busca esclarecer los hechos, pero por estas horas maneja la hipótesis de una anomalía en los stocks ganaderos en el SIGSA, el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal.
“Advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock, tenía consignado un número menor al real”, indicaron.
Esa primera señal de alerta derivó en el descubrimiento de que se había emitido a nombre de una de las víctimas un Documento de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos. Allí constaba el movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos.
Dicha operación fue inmediatamente desmentida por la denunciante. Y además se constató de una repetición de al menos cuatro veces la misma operación.
Fuente Infocampo
