Juan Cruz Gorosito
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar.
La iniciativa fue aprobada en general por 139 contra 36 y 59 abstenciones que en su mayoría fueron del PRO, la UCR y del MID. La aprobación se logró con los votos Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, Innovación Federal y mientras que en contra lo hizo la Libertad Avanza.
El debate se realizó en medio de fuertes presiones de las empresas de juego que rechazaron de plano esta iniciativa, que ahora deberá ser discutida en el Senado.
El principal punto de discusión está centrado en el articulo 8 del dictamen de mayoría que establece las restricciones que tendrán esas empresas en todo el país. Entre los puntos, se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.
También establece que quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines.
Ese artículo fue aprobado por 134 contra 32 y 34 abstenciones de la UCR y el PRO.
Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el dictamen que prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataforma digitales y la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol, espectáculos masivos, abrió un debate sobre hasta dónde el Congreso puede avanzar en las atribuciones de las provincias.
En este marco, los defensores de la iniciativa dicen que el Congreso puede avanzar porque se está regulando sobre un tema vinculado a la salud.
Otro artículo que generó polémica es el que establece que no podrán ser operadores de plataformas de juegos de azar los que sean deudores del Estado Nacional, aquellos que tengan condenas firmes por transgredir las normas del juego clandestino, familiares de la Autoridad de Aplicación, los morosos de deudas alimentarias.
También se establece penas de tres a ocho años a que organice, administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.
