La denuncia, presentada en su momento por Claudio Del Plá, exdiputado del Partido Obrero, acusa a Urtubey de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público por presuntas irregularidades en el manejo de las tierras de Salta Forestal.
Hoy en la sede del Partido Obrero, del Plá ofrecerá a los medios más detalles de la investigación que realizó para interponer la denuncia.
Frente a la reapertura, el referente del Partido Obrero confirmó que buscará convertirse en querellante para garantizar que la causa avance con firmeza y se investigue a fondo. “Nuestro objetivo es impulsar una investigación seria, porque se trata de un fraude millonario que ha perjudicado a toda la provincia, pero en especial a los habitantes del departamento Anta, una de las zonas más postergadas de Salta”, expresó.
Las cifras del escándalo: 20 millones previstos y 4 millones recaudados
Uno de los datos más contundentes aportados en la denuncia surge de las planillas de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda provincial entre 2012 y 2016. Durante ese período, el Estado provincial previsiblemente esperaba recaudar un total de 20.075.874 pesos en concepto de cánones por explotación de Salta Forestal.
Sin embargo, lo efectivamente recaudado fue apenas 4.683.193 pesos, es decir, menos del 25% de lo previsto.
“Estas cifras demuestran el fraude al patrimonio público. Mientras la provincia esperaba recursos millonarios, los concesionarios pagaron montos insignificantes. La deuda condonada entre 2010 y 2016 asciende a más de 266 millones de pesos, que el gobierno de Urtubey decidió perdonar arbitrariamente”, denunció Del Plá.
Condonación sin facultades legales
La raíz del problema está en el acuerdo transaccional firmado por el gobierno de Urtubey con Eco Desarrollo S.A., que estableció que la empresa no adeudaba canon alguno por los años previos al pacto. Esta decisión, según Del Plá, es inconstitucional, ya que la condonación de deudas es facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.
“La ley 7623, vigente desde 2010, establece que los concesionarios deben pagar el 10% del valor de la producción anual. Urtubey no solo violó la Constitución, sino que perdonó cientos de millones de pesos que debieron ir a las arcas públicas”, agregó el exdiputado.
Transferencias irregulares de concesiones
Otro aspecto cuestionado por Del Plá es la cadena de transferencias de las concesiones sin controles ni transparencia estatal. Desde su adjudicación original en 1998, las tierras de Salta Forestal pasaron por varias manos: inicialmente fueron otorgadas a Eco Desarrollo, vinculada a la familia Olmedo, que transfirió parte de la concesión a Cervera S.A. Más tarde, Cervera cedió sus derechos a Cresud S.A.C.I.F., una empresa propiedad de Eduardo Elsztain, empresario con estrechos vínculos con el presidente Javier Milei.
La otra mitad fue transferida por Eco Desarrollo a Anta del Plata S.A., que forma parte del poderoso Grupo Ruiz, conocido por sus inversiones en la agroindustria y por la compra del Ingenio San Isidro de Campo Santo.
Del Plá denunció que estas transferencias carecieron de controles públicos, destacando la necesidad de revisar la legalidad de todas las operaciones y los montos involucrados.
Designación de Ignacio Lupión
El caso sumó otro punto polémico en septiembre de este año, cuando el Ministerio de la Producción designó a Ignacio Lupión al frente de Salta Forestal S.A. Lupión, empresario vinculado a la Sociedad Rural de Salta y al partido PRO, tiene la facultad de negociar el canon con los concesionarios.
Según Del Plá, esta discrecionalidad permite que los pagos sean muy inferiores a lo que establece la ley. “El Estado no tiene capacidad para fiscalizar el valor real de la producción. Si las tierras se arrendaran en condiciones normales, los montos pagados serían 20 veces mayores”, aseguró.
Impacto ambiental y social
Además del perjuicio económico, la denuncia expone los graves daños ambientales generados por la explotación de 65.000 hectáreas desmontadas sin permisos ni estudios de impacto ambiental.
Estos incumplimientos fueron documentados en auditorías oficiales desde 2011, pero nunca se aplicaron sanciones ni se revocaron las concesiones.
“Salta Forestal fue concebida como una herramienta para sacar de la pobreza a los habitantes de Anta, pero terminó siendo un negocio exclusivo para grupos económicos que explotaron las tierras sin control y sin devolver nada al pueblo salteño”, remarcó Del Plá.
El rol del fiscal Escalante
La decisión del fiscal Daniel Escalante de reabrir la causa genera expectativas y suspicacias sobre los nuevos elementos de prueba que motivaron su resolución, más aún, teniendo en cuenta que en breve iniciará la campaña electoral de medio término nacional y provincial.
Del Plá anunció que solicitará formalmente ser querellante para garantizar que la investigación avance y se esclarezcan las responsabilidades penales y políticas involucradas.
“Este no es un caso aislado. Salta Forestal representa 20 años de corrupción, avalada por todos los gobiernos desde 1998 hasta hoy. La reapertura de la causa es una oportunidad histórica para recuperar lo que es del pueblo de Salta”, concluyó.
Por último, sostuvo que: “Estas empresas poseen una concesión que representa una verdadera estafa al pueblo de Salta, y de esta estafa han sido partícipes todos los gobiernos. Queremos que, como ya lo planteamos en su momento durante la comisión investigadora parlamentaria de 2011, el Estado recupere estas tierras y las incorpore a un plan productivo para la provincia. El objetivo es que el 100% de la renta generada por estas tierras se destine a combatir la pobreza, beneficiando prioritariamente a los vecinos del departamento Anta”, afirmó.
Fuente: Nuevo Diario
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