La ordenanza contra la tracción a sangre en Metán queda en evidencia tras el colapso de un caballo en la vía pública

En la tarde del martes, una impactante escena volvió a poner en el centro del debate una problemática persistente en Metán: la utilización de la tracción a sangre animal. Un caballo colapsó en plena vía pública, en la intersección de las calles Coronel Vidt y San Martín, mientras transportaba escombros. Según testigos, el desplome habría sido provocado por el esfuerzo excesivo al que el animal era sometido. La escena fue captada en video por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una fuerte indignación entre los proteccionistas y ciudadanos.

El caballo era utilizado por un trabajador para realizar fletes en la zona, una actividad que, aunque frecuente, se encuentra en el ojo de la tormenta por las condiciones de maltrato que muchas veces implica para los animales.

Este hecho no solo desató la reacción de organizaciones de protección animal, sino que también reflotó la discusión sobre la aplicación de la Ordenanza Municipal N.º 4317/23, sancionada el 23 de noviembre de 2023 por el Concejo Deliberante de San José de Metán, que establece un Programa Integral de Transición hacia la Erradicación de la Tracción a Sangre Animal.

La ordenanza, impulsada por la entonces concejal Nancy Figueroa (UCR), plantea un abordaje interdisciplinario que contempla tanto el bienestar animal como la situación socioeconómica de las familias que dependen de esta actividad para subsistir. El texto reconoce los múltiples riesgos que conlleva la tracción a sangre: desde accidentes viales hasta la utilización de menores en tareas de recolección informal, y, por supuesto, las condiciones de explotación animal.

Entre sus principales artículos, la normativa establece:

• La creación de un Registro Municipal de personas que usan vehículos de tracción a sangre, especificando datos del propietario, del animal y de la actividad que realiza.
• La implementación de requisitos estrictos para la circulación, como la tenencia de una Libreta Sanitaria Animal, señalización visible en los carros, y medidas de seguridad que reduzcan el esfuerzo de los equinos.
• La prohibición del acarreo de escombros, residuos voluminosos y cargas excesivas, como la que transportaba el caballo desplomado este martes.
• La obligación de que los animales estén en condiciones sanitarias óptimas, prohibiendo el uso de ejemplares enfermos, desnutridos, gestantes o lesionados.
• El retiro del animal y el carro a sus tenedores en caso de incumplimiento, además de la posibilidad de iniciar causas penales por maltrato conforme a la Ley Nacional 14.346.
• La asistencia a los trabajadores para facilitar su reconversión laboral mediante cooperativas, emprendimientos o reemplazo progresivo por vehículos motorizados.
• La creación de un fondo de financiamiento y campañas de concientización comunitaria.

La ordenanza fija un plazo de tres años para la erradicación definitiva de la tracción a sangre en el municipio, una vez culminado el registro inicial de animales y tenedores.

Sin embargo, la sanción de la ordenanza, y el episodio ocurrido esta semana, pone en duda la efectividad de su implementación y el grado de cumplimiento por parte de los actores involucrados.

Vecinos exigen respuestas y controles más estrictos, mientras que proteccionistas reclaman la necesidad urgente de que el municipio active las herramientas que la normativa ya contempla.