Todas las miradas están puestas en la reunión de acuerdo que el máximo tribunal mantendrá en la mañana del martes. El peronismo y los sindicatos están en alerta.
POLÍTICA10/06/2025
Juan Cruz Gorosito
La mañana de este martes será de alta tensión política porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tendrá su habitual reunión de acordada y en los últimos días creció la versión que dejará firme la sentencia a prisión por corrupción que pesa sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Máximo Tribunal deberá decidir si confirma o no el fallo del Tribunal Federal Oral N°2 que dictó en 2022 y establece una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la ex mandataria. Esta sentencia fue ratificada en 2024 por la Cámara de Casación Penal.
La herramienta jurídica sería la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que autoriza al máximo tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin mayores fundamentos.
De esta forma, la CSJN no tomaría en cuenta los recursos de queja de los abogados defensores de la expresidenta, con lo cual ya no habría más instancias de apelación.
La reunión de acordada de la que participarán Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Ronsekrantz -vicepresidente- y Ricardo Lorenzetti, está prevista que se inicie a las 10 de la mañana.
El exgobernador de Salta cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y denunció un proceso judicial viciado desde sus inicios. Su pronunciamiento se suma a las reacciones del peronismo tras la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad.
Su abogado, Gregorio Dalbón, ya denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática” contra la ex presidenta. Tras el fallo de la Corte Suprema, tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Oral deberá convocarla para que quede detenida. Una opción es que le fije un día para que se presente en Comodoro Py. También se deberá definir su lugar de detención. Se esperan presentaciones de la Fiscalía y la defensa.
La jueza federal respaldó al fiscal Carlos Amad, quien acusa al diputado de usar recursos del Estado para fines personales. El caso será definido por el Tribunal de Impugnación.
La jueza federal Mariela Giménez rechazó trasladar el expediente a Comodoro Py y ordenó pedir el desafuero del diputado nacional acusado de malversación de fondos.
El Proyecto de Ley busca garantizar en todo el territorio provincial, legalidad, seguridad y calidad en el servicio de transporte de pasajeros que se brinda por medio de aplicaciones digitales. En el inicio del análisis, Senadores recibieron a autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).
