El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó por mayor celeridad en el envío de fondos nacionales para obras comprometidas y advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las provincias.
A casi un año de haber firmado un acuerdo con Nación por el traspaso de obras públicas, Sáenz aseguró que, aunque algunas ya están en ejecución, el avance es lento y depende de gestiones mensuales para lograr que se certifiquen y paguen. “Todos los meses tenemos que estar peleando para que se certifiquen las obras y se paguen”, lamentó.
Entre los trabajos en marcha, mencionó el puente de Vaqueros, la ruta 9/34, la escuela técnica de General Güemes y Ciudad Judicial, aunque aclaró que “van a paso lento”.
En ese marco, advirtió que uno de los principales problemas de infraestructura en el norte son las rutas. “Siempre fueron conocidas como rutas de la muerte, imagínese si no se las mantiene hace mucho tiempo. Esto es obligación del Gobierno Nacional y los fondos están”, enfatizó. Sáenz recordó que este tema había sido incluido en los puntos a discutir del Pacto de Mayo, y sostuvo que “hay que tratarlo de una vez por todas si queremos vivir en un país federal”.
También anticipó que se avecinan reuniones con gobernadores de otras provincias para exponer necesidades comunes ante Nación, y destacó que los planteos incluirán “soluciones viables” para no comprometer el equilibrio fiscal nacional, pero sí permitir que las provincias avancen en cuestiones prioritarias.
“La inflación bajó, hay equilibrio fiscal, pero también una caída del consumo muy grande. Cada vez hay gente con menos trabajo, no solo en el sector público sino también en el privado”, advirtió Sáenz. Y remarcó que la reducción de ingresos y la baja coparticipación afectan áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Finalmente, pidió unidad entre mandatarios provinciales: “Hoy es el momento de acompañar lo que haya que acompañar para que el plan económico siga adelante, pero también tiene que haber un equilibrio social. Porque las obras no son para los gobernadores: son para los salteños, los cordobeses, para todos los argentinos que sueñan con una vida mejor”.
FM Aries
Cristian Achaval, titular del ANSeS de Metán, formalizó la denuncia penal contra los legisladores Carlos Zapata y Emilia Orozco por el aporte irregular de parte de su sueldo para la Libertad Avanza. Días atrás había circulado un audio donde quedaba al descubierto la maniobra.
El jefe de la delegación local de ANSeS, Cristian Achaval, denunció que en la Libertad Avanza le requieren un porcentaje de su sueldo a modo de “aporte”. Una situación similar ocurrió con funcionarios kirchneristas en PAMI en Salta y fueron condenados por la Justicia.
El exgobernador de Salta cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y denunció un proceso judicial viciado desde sus inicios. Su pronunciamiento se suma a las reacciones del peronismo tras la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad.
Su abogado, Gregorio Dalbón, ya denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática” contra la ex presidenta. Tras el fallo de la Corte Suprema, tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Oral deberá convocarla para que quede detenida. Una opción es que le fije un día para que se presente en Comodoro Py. También se deberá definir su lugar de detención. Se esperan presentaciones de la Fiscalía y la defensa.
Todas las miradas están puestas en la reunión de acuerdo que el máximo tribunal mantendrá en la mañana del martes. El peronismo y los sindicatos están en alerta.
