Desaparecen más de 40 resoluciones del Concejo Deliberante de Metán y se inicia investigación

La concejal Ana Sol García denunció la falta de documentación oficial del Concejo, que motivó la intervención de un escribano y la presentación de una denuncia ante la fiscalía. Las resoluciones, que forman parte del libro de actas, son de acceso público y deben permanecer resguardadas.

METAN05/11/2025Juan Cruz GorositoJuan Cruz Gorosito
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Más de cuarenta resoluciones del Concejo Deliberante de Metán desaparecieron, generando un proceso formal de constancia y denuncia, según informó la concejal Ana Sol García. La situación se detectó durante una inspección al archivo legislativo, cuando los ediles solicitaron las resoluciones a la secretaria legislativa, responsable de la custodia de los documentos, quien confirmó no contar con ellas.

Frente a esta irregularidad, García convocó a un escribano público, Mauricio Poma, para dejar constancia oficial de la falta de documentación y garantizar la transparencia del procedimiento. “Se le ha pedido al presidente de turno las resoluciones de presidencia y, al recibir la carpeta, nos damos con el faltante de más de cuarenta resoluciones del libro de actas”, explicó la concejal, subrayando que estos documentos son públicos y no pueden estar fuera del Concejo Deliberante.

La secretaria legislativa entregó únicamente lo que estaba bajo su resguardo y afirmó que los documentos faltantes “se los habían solicitado”, aunque no existe constancia de ninguna solicitud formal. García remarcó que “quien presidía en ese momento tendrá que responder por la documentación que estamos solicitando”.

La concejal calificó el hecho como “un movimiento bastante raro”, señalando que aunque pueda justificarse la consulta de uno o dos papeles, la desaparición de más de cuarenta resoluciones constituye una irregularidad grave. “El documento original debe estar en el Concejo Deliberante y resguardado bajo la responsabilidad de quienes conducen el cuerpo y de la secretaria legislativa”, indicó.

García enfatizó su rol como funcionaria pública, “Tengo el deber de informar o denunciar si faltan documentaciones de un lugar público. No se puede llevarse documentación pública de un organismo institucional así como así”.

El siguiente paso será la investigación de la fiscalía para determinar el paradero de las resoluciones y establecer responsabilidades. “Esto no es opcional ni negociable. La documentación oficial debe permanecer resguardada y accesible para los concejales. Queda un antecedente claro de que no se puede retirar información de un organismo público sin autorización”, concluyó la concejal.

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