Sobrepoblación Carcelaria: se presentó un balance anual y avances interinstitucionales

La Secretaría de Derechos Humanos coordinó un nuevo encuentro de la Mesa Interinstitucional de Sobrepoblación Carcelaria, en el cual se realizó un balance del trabajo desarrollado durante el año y se presentaron el Resumen Ejecutivo y el Informe Final.

La Mesa fue conformada en marzo, en el marco del convenio entre el Poder Ejecutivo y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, como parte del hábeas corpus colectivo correctivo presentado por ese organismo ante la Corte de Justicia de Salta para atender la situación de hacinamiento en comisarías.

El espacio reúne a representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia; el Servicio Penitenciario de Salta; la Policía de la Provincia; el Poder Judicial; el Ministerio Público y la Defensoría General; el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, y la Secretaría de Derechos Humanos, que encabezó los encuentros a través de su titular, Mariana Reyes. Las reuniones mensuales permitieron abordar propuestas y gestiones conjuntas orientadas a garantizar derechos de personas privadas de libertad.

El Resumen Ejecutivo presentado destaca avances en la coordinación interinstitucional para enfrentar la sobrepoblación carcelaria mediante la optimización de sistemas de registro, la priorización de medidas alternativas a la privación de libertad, el fortalecimiento del tratamiento de penas cortas y una mayor articulación con políticas sociales y penales.

A lo largo del año, la Mesa Interinstitucional trabajó con un enfoque multisectorial e integral, reafirmando el compromiso de los organismos participantes con la mejora de las condiciones de detención y la construcción de soluciones sostenidas frente a un problema estructural.

Participaron del encuentro la asesora legal de la Secretaría, María Laura Postiglione; el jefe del Programa de Asesoría Jurídica, David Sosposa; el subsecretario de Políticas Penales, Jorge Salgado; el director general del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Enrique Torres, junto al asesor legal Germán Cotilia; por la Policía de Salta, el comisario Carlos Rojo y la oficial principal Aylan Iris; por la Defensoría General, Paola Jorge; y en representación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, su presidente, Rodrigo Solá, junto a la asesora legal Tania Kiriaco y el comisionado Andrés Giordamachi.