Juan Cruz Gorosito
La Cámara Federal de Salta dejó firme la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar reparaciones urgentes sobre la Ruta Nacional 34, uno de los corredores viales más deteriorados del norte argentino. El fallo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado nacional y confirmó la medida cautelar dictada en noviembre de 2025 por la Justicia Federal de Tartagal.
La resolución, fechada el 2 de febrero de 2026, se enmarca en una acción de amparo colectivo impulsada por el ex senador nacional Sergio Leavy junto a vecinos de Tartagal y otras localidades del departamento San Martín, quienes reclamaron por el grave estado de la traza y los riesgos permanentes para quienes transitan por la zona.
Con la decisión del tribunal, integrado por los jueces Luis Renato Rabbi Baldi Canabillas y Ernesto Sola Espeche, Vialidad Nacional deberá avanzar con las obras ordenadas y no podrá suspenderlas mientras se sustancia el proceso judicial de fondo.
En su análisis, la Cámara consideró que el organismo no logró demostrar un perjuicio concreto derivado de la medida cautelar. Incluso, remarcó que la propia Dirección Nacional de Vialidad reconoció estar realizando tareas de mantenimiento en ese tramo, por lo que la orden judicial no impone nuevas obligaciones, sino que refuerza deberes ya establecidos por la normativa vigente.
El tribunal también descartó que la medida implique una intromisión en funciones del Poder Ejecutivo, al entender que se trata de trabajos mínimos e indispensables para reducir riesgos en una ruta que presenta pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas deterioradas y falta de mantenimiento general, condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial.
La Justicia dispuso que, en un plazo de 90 días, Vialidad Nacional lleve adelante tareas de bacheo y repavimentación en ambos sentidos de circulación sobre los sectores más críticos de los 198 kilómetros que separan Urundel, en el límite con Jujuy, y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Además, el organismo deberá presentar informes cada 30 días detallando el avance de los trabajos, los tramos intervenidos y las referencias kilométricas, para garantizar el control del cumplimiento de la orden judicial.
