Juan Cruz Gorosito
La situación del cuartel de Bomberos Voluntarios de San José de Metán volvió a tomar relevancia tras el recambio de autoridades, en un contexto marcado por dificultades administrativas que afectan el acceso a financiamiento nacional.
El actual presidente de la institución, Rodrigo García, expuso que el principal obstáculo radica en una rendición incompleta de fondos recibidos entre 2014 y 2018, lo que generó una deuda administrativa que hoy impide la llegada de nuevos subsidios. Según detalló, el monto a regularizar asciende a 3 millones de pesos, cifra que debe ser reintegrada para destrabar el circuito de financiamiento.
De acuerdo a lo explicado, esos recursos provenían del sistema nacional de apoyo a bomberos voluntarios, integrado en parte por aportes vinculados a seguros, y su falta de rendición dejó a la institución fuera del esquema actual de distribución de fondos.
García señaló que la actual conducción heredó este escenario y que, desde su asunción, se enfocó en ordenar la situación institucional. Entre las tareas realizadas, mencionó la regularización de la documentación, la recuperación de la personería jurídica y la normalización de aspectos administrativos que demandaron varios meses de trabajo.
En paralelo, indicó que se avanzó en gestiones para reunir el dinero necesario que permita cancelar la deuda. En ese marco, confirmó que existe el compromiso de un aporte extraordinario que posibilitaría cubrir el monto exigido. De concretarse, el cuartel podría volver a acceder a subsidios nacionales, estimados en alrededor de 50 millones de pesos para el próximo período.
Los fondos, explicó, son fundamentales para el sostenimiento operativo del cuartel. Entre las principales necesidades se encuentran la compra de trajes estructurales, la reparación de móviles y el reacondicionamiento de equipamiento que presenta desgaste por el uso.
Pese a las limitaciones, el cuartel continúa operativo. Según detalló García, el personal se encuentra inscripto en el Registro Único de Bomberos de la República Argentina (RUBA), cuenta con cobertura de seguros y recibe asistencia en combustible por parte de organismos provinciales, aunque los recursos resultan insuficientes frente a la demanda.
Asimismo, la institución implementó controles internos sobre el uso de vehículos y el consumo de combustible, con rendiciones periódicas ante los organismos correspondientes.
En cuanto a eventuales responsabilidades por la falta de rendición de los fondos originales, García indicó que se analiza la posibilidad de avanzar con acciones judiciales, aunque advirtió que el tiempo transcurrido podría limitar su alcance.
La prioridad de la nueva comisión, remarcó, es dejar regularizada la situación administrativa y financiera del cuartel para garantizar su funcionamiento y evitar que futuras gestiones enfrenten los mismos inconvenientes.
