Juan Cruz Gorosito
Una causa judicial que podría convertirse en uno de los casos de violencia familiar más delicados de los últimos tiempos en San José de Metán avanza entre denuncias, declaraciones de menores, informes médicos y nuevos planteos judiciales. Sin embargo, mientras el expediente continúa su curso, el eje del reclamo ya no pasa únicamente por las agresiones denunciadas, sino por lo que el padre de las presuntas víctimas define como una preocupante ausencia de medidas de protección.
Héctor Sebastián Ruiz presentó nuevos escritos tanto ante el Juzgado de Familia como en sede penal en los que sostiene que sus dos hijos menores fueron víctimas de reiterados episodios de violencia física, psicológica y económica presuntamente ejercidos por su madre y una hermana mayor. En las presentaciones reclama que la Justicia intervenga de manera urgente para resguardar a los adolescentes y advierte que, hasta el momento, quienes fueron denunciadas continúan sin restricciones judiciales.
La denuncia describe un escenario que, de confirmarse durante la investigación, resulta de extrema gravedad. Según surge de los escritos incorporados a la causa, uno de los adolescentes declaró que su madre le provocó la fractura de una mano durante una agresión física y que también fue golpeado por su hermana. El menor además relató que presenció otros episodios de violencia contra su hermano, quien también habría sido víctima de agresiones dentro del ámbito familiar.
El padre sostiene que esos testimonios fueron brindados por el adolescente y que solicitó expresamente que la declaración realizada mediante Cámara Gesell sea incorporada al expediente para que pueda ser valorada por la Justicia. Según afirma, el propio menor manifestó que no desea volver a convivir con su madre y que teme nuevos episodios de violencia.
Pero el punto que más preocupa al denunciante es otro. En sus escritos afirma que, pese a la gravedad de las acusaciones y a la existencia de actuaciones judiciales, todavía no se habrían dispuesto medidas cautelares básicas para proteger a los menores. Según denuncia, no existe prohibición de acercamiento, tampoco exclusión del hogar de las personas señaladas como agresoras ni restricciones que impidan el contacto con los adolescentes.
En uno de los pasajes de la presentación, Ruiz sostiene que quienes denuncia "no tienen ningún impedimento para ejercer violencia física o psicológica", una afirmación que resume el eje de su reclamo y que ahora deberá ser evaluada por la Justicia.
El expediente también incorpora denuncias por presunta violencia económica. El hombre asegura que, mientras se desarrolla el conflicto judicial, las denunciadas habrían dispuesto de bienes pertenecientes al patrimonio familiar, entre ellos un vehículo que —según sostiene— fue transferido a nombre de una de ellas pese a haber sido adquirido durante la convivencia. Además, afirma que se estarían vendiendo muebles del hogar y del negocio familiar y realizando movimientos de dinero desde cuentas comunes, hechos que, según denuncia, también perjudican a los menores.
Como si ese escenario no fuera suficiente, Ruiz también promovió una denuncia penal en la que solicita constituirse como querellante particular. Allí relata un episodio ocurrido cuando regresaba junto a uno de sus hijos y fue interceptado por las personas denunciadas. Según su versión, el conflicto terminó con daños sobre su vehículo y agresiones físicas tanto contra él como contra el adolescente. Tras ese hecho, afirma haber radicado la denuncia policial, haber comparecido ante la Fiscalía y haberse sometido junto a su hijo a revisaciones médicas para acreditar las lesiones sufridas.
En todas las presentaciones judiciales el planteo es el mismo: el padre sostiene que existe una situación de riesgo permanente para sus hijos y que el Estado todavía no adoptó las medidas necesarias para garantizar su seguridad. También afirma que el inmueble donde continúan viviendo las personas denunciadas constituye el centro de vida de los adolescentes y el lugar donde funciona su actividad laboral, por lo que asegura encontrarse impedido incluso de desarrollar normalmente su trabajo.
El escrito recuerda además que la legislación nacional y los tratados internacionales obligan a adoptar medidas urgentes cuando existen indicios de violencia contra niños y adolescentes, motivo por el cual solicita la exclusión inmediata del hogar de las denunciadas, la prohibición de acercamiento, la incorporación de la Cámara Gesell y todas las medidas de protección previstas por la normativa vigente.
Mientras las actuaciones avanzan entre el fuero de Familia y la Justicia Penal, el caso comienza a generar interrogantes que exceden el conflicto entre las partes. La principal pregunta es si las medidas de resguardo reclamadas por el denunciante llegarán antes de que —según sostiene en sus escritos— los menores vuelvan a quedar expuestos a nuevos episodios de violencia.
Por el momento, las acusaciones forman parte de expedientes judiciales en trámite y deberán ser investigadas por la Justicia, sin que exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas denunciadas. No obstante, el contenido de las presentaciones vuelve a poner bajo la lupa la respuesta institucional frente a denuncias que involucran a menores de edad y que, según afirma el denunciante, continúan sin una protección efectiva.
