En un contexto atravesado por el malestar vecinal y la visibilidad creciente del drama de la dependencia a las drogas en espacios públicos, diversas dependencias del Estado local y la Justicia concretaron una cumbre de trabajo para establecer un esquema de respuesta conjunta.
El punto de encuentro fue la histórica casona Federico Gauffin de la Villa San José. La iniciativa, motorizada por la titular del Centro de Escucha, Atención y Tratamiento (C.E.A.T.), Carla Romeri, buscó saldar una deuda histórica: dejar de abordar este flagelo desde una única óptica.
La piedra angular de esta estrategia —que comenzará a regir a partir de esta semana— es desarmar la dinámica puramente policial frente a los individuos desamparados que atraviesan cuadros de consumo severo. Desde ahora, cada procedimiento en la vía pública requerirá la presencia simultánea de los profesionales del C.E.A.T. junto con el acompañamiento territorial de referentes de la sociedad civil y entidades comunitarias.
El propósito central es dictaminar en el acto la necesidad de auxilio sanitario y activar la notificación inmediata a las áreas asistenciales. De este modo, se buscará encauzar voluntariamente a los afectados hacia itinerarios de rehabilitación e iniciar el seguimiento de sus vínculos familiares, dado que gran parte del colectivo vulnerado mantiene lazos de parentesco dentro de la comuna.
El desasosiego de los residentes de Metán tiene un correlato diario: la proliferación de jóvenes expuestos al intemperismo en plazoletas y veredas de múltiples cuadrantes, sumado a una seguidilla de robos que golpea a inmuebles, locales comerciales y automotores. La mercadería o los bienes sustraídos terminan reducidos por sumas insignificantes con el único objetivo de sostener la dependencia diaria.
Para hacer frente a esta realidad, la mesa de articulación convocó a los actores clave del fuero judicial, sanitario y de seguridad local:
Justicia y Minoridad: Defensoría Oficial Penal, Juzgado de Violencia Familiar y de Género, Juzgado de Ejecución de Sentencias y Secretaría de la Niñez.
Salud y Contención: Hospital Del Carmen y la Fundación Mepao.
Fuerzas de Seguridad y Custodia: Instituto Especializado de Alojamiento Nº4 y la Unidad de Prevención 3 de la Policía Salteña.
El principal escollo radica en la infraestructura: la localidad adolece de un centro de internación y desintoxicación propio. Pese a este límite, la conducción del C.E.A.T. destacó la trascendencia de contar con un diagnóstico unificado para la primera fase de contención.
Por su parte, la jefatura del Distrito de Prevención 3, a cargo de Rodrigo Cardozo, precisó los alcances del protocolo operativo. Los efectivos mantendrán la responsabilidad del traslado, la constatación clínica a través del hospital y el aviso inmediato a los tutores en caso de implicar a menores de edad. Sin embargo, se remarcó un precepto legal ineludible: cualquier proceso de recuperación médica exige la aceptación libre y voluntaria del paciente.
En paralelo a la nueva guía de actuación de asistencia social, las autoridades del operativo policial repasaron las estadísticas acumuladas entre enero y septiembre del corriente año en el departamento:
149 intervenciones concretadas en la vía pública.
29 allanamientos domiciliarios ejecutados.
120 individuos aprehendidos y puestos a disposición del fuero judicial.
900.000 dosis de sustancias prohibidas fuera de circulación.
El compromiso asumido por las partes busca frenar simultáneamente tanto el eslabón de la comercialización clandestina como la desprotección de los jóvenes atrapados en la adicción.
