Levantada la reserva de actuaciones sobre la investigación, la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, brindó detalles de la organización, roles y vías legales para los damnificados. Además, informó que dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos
CAUSA FINANCIERA ILEGAL13/04/2022 Redacción
“La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio
En conferencia de prensa, la fiscal Penal brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre esta asociación delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.
Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.
Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.
En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.
Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.
Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.
Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.
La fiscal fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.
En cuanto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.
Salinas Odorisio advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.
Damnificados
En un punto aparte, Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su interés.
Expresó que la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima.
Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.
La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.
En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.
El Juzgado de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Moya sea juzgado por 849 hechos de estafa y 849 hechos de falsedad de instrumento privado. Junto a ella, irán a juicio otras 26 personas, entre ellas, 13 efectivos de la Policía de Salta.
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
En esta ocasión la victima no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.
Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados. Dichos automóviles serán entregados a quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.
