El Juzgado de Garantías 3 ordenó la prisión preventiva de once imputados por estafa y asociación ilícita, en la causa de la financiera ilegal. En la resolución consideraron que existe peligro de fuga y que incluso si quedan libres, podrían entorpecer la investigación.
CAUSA FINANCIERA ILEGAL20/04/2022 Redacción
El Juzgado de Garantías 3 ordenó la prisión preventiva de once imputados por estafa y asociación ilícita, en la causa de la financiera ilegal. La medida alcanza a Elizabeth Moya, a quien algunos medios la acusan como la jefa organizadora de la banda, a cinco implicados de Metán, a la comisaría María Eugenia Espinoza y cuatro policías más.
En la resolución figuran los nombres de cinco personas de nuestra ciudad debido a que las operatorias no solo se registraron en la capital salteña, sino también en esta ciudad.
Además de Espinoza, que estaba al frente de la División Cobranzas Adicionales, tendrán prisión preventiva los policías Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Fabricio Nieva (Orán) y Alberto Sebastián Giménez (Cerrillos).
La Justicia, en algunos casos, remarcó que las personas imputadas en libertad puedan actuar sobre las víctimas, induciéndolas a que no radiquen denuncias o se comporten de modo reticente.
En el caso el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Gustavo Torres Rubelt, había solicitado a la Justicia la prisión preventiva de las imputados.
Sobre el peligro de fuga, se insiste en que es un riesgo la libertad de los implicados teniendo en cuenta no solo por la cantidad de hechos atribuidos, sino, fundamentalmente, por la gravedad, complejidad y naturaleza de los hechos delictivos investigados y la extensión del daño causado por los imputados, quienes actuando de común acuerdo y con división de tareas, conformaron una financiera, utilizando una identidad tributaria falsa, para aparentar solvencia y capacidad económica y realizar operaciones financieras, ofreciendo mediante redes sociales la participación en operaciones en la que prometían importantes ganancias en corto plazos, haciendo incurrir en error a las víctimas.
El Juzgado de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Moya sea juzgado por 849 hechos de estafa y 849 hechos de falsedad de instrumento privado. Junto a ella, irán a juicio otras 26 personas, entre ellas, 13 efectivos de la Policía de Salta.
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
En esta ocasión la victima no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.
Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados. Dichos automóviles serán entregados a quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.
