Ante el pedido de la defensa de José Luis Peralta suegro de Víctor Córdoba, representada por el abogado Carlos Tarcay, se había concretado una nueva junta para analizar la situación del imputado por el pedido de prisión domiciliaria que se había realizado.
En este sentido, en el programa radial El bueno y el malo, dieron a conocer un informe del Servicio Médico Forense que señaló que se realizó una junta psiquiátrica por dos profesionales en Salta y en las conclusiones del diagnóstico aseguran que Peralta presenta un episodio depresivo agudo reactivo por su situación de detención.
Los profesionales pidieron que el acusado sea trasladado hacia el hospital Ragone en Salta para una evaluación y eventual internación hasta compensación de su cuadro. El informe firmado por los psiquiatras Virgina Albarracin y Luis Vila, generó un revuelo y ahora puede llegar a demorar el inicio del juicio ya solicitado por el fiscal Gonzalo Gomez Amado.
Se pudo conocer de forma extraoficial, que el juez Ramón Haddad podrá acceder al pedido del traslado de Peralta en las próximas horas.
Si bien hay especulaciones en cuanto a la estrategia que puede buscar la inimputabilidad del acusado, en el escrito de los profesionales solo se hace referencia a su situación por el cuadro depresivo asegurando que tiene un "discurso coherente, memoria conservada y juicio de la realidad preservado. Peralta padece hipertensión arterial y está bajo tratamiento médico por artrosis, por lo que desde el momento de la detención, es que están buscando que el imputado pueda esperar el juicio con prisión domiciliaria.
Quieren cerrar el Ragone y convertirlo en hospital general.
La situación del hospital Ragone es crítica y buscaban poder reconvertirlo en un hospital general. Es que la falta de presupuesto adecuado para cumplir con la Ley de Salud Mental que apunta a la “desmanicomialización” en el país está demostrando ser uno de los principales obstáculos para alcanzar este objetivo. Una de las consecuencias es que el Hospital Miguel Ragone (de referencia en la atención de los pacientes con padecimientos mentales) cuente con 16 camas de internación para personas inimputables que llegan a ese lugar por decisiones judiciales en causas penales. Sin embargo, 22 personas se encuentran bajo esta condición, por lo cual las 8 personas que no tienen lugar en la sala destinada, se encuentran en un área de internación de varones bajo custodia policial.
"Los inimputables no deberían estar en el Ragone", dijo en Página 12 la secretaria de Salud Mental de la provincia, Irma Silva. Ante ello, indicó que habrá reuniones entre los ministerios de Salud y de Seguridad para encontrar una alternativa para estas personas.
Fernando Acuña, gerente del hospital, afirmó que uno de los objetivos de la Ley de Salud Mental es poder salir del hospital monovalente entendido como “manicomio” en su momento, para ir hacia un hospital general. No obstante, reconoció que la desmanicomialización no implica el cierre del Hospital sino una reconversión, que consista en dar otras prestaciones por fuera de las exclusivamente mentales. Esto, además, con la posibilidad de seguir siendo especializado en la atención de salud mental.
Acuña leyó como uno de los obstáculos la internación de personas inimputables involucradas en causas penales, cuya situación es decidida por los jueces según el Código Penal viejo. Fue entonces que manifestó la necesidad del Órgano de Revisión finalmente aprobado ayer en el Senado provincial y que ahora espera su promulgación.
