Un nuevo escándalo rodea al convento San Bernardo de Salta, donde viven las carmelitas de clausura que, en abril, denunciaron al arzobispo Mario Cargnello por supuesta violencia de género y económica.

Las autoridades del monasterio fueron denunciadas por presunta privación ilegítima de la libertad por la hermana de una de las monjas. La Justicia ordenó un allanamiento del lugar porque las religiosas no quisieron acatar la orden de dejar salir a la religiosa.

La jueza Ada Zunino, quien interviene en la causa, explicó que el allanamiento “no se llegó a concretar totalmente” porque cuando los bomberos empezaron a subir a los techos para abrir desde adentro, las autoridades del convento decidieron posibilitar la entrada de una comisión integrada por dos secretarias del juzgado, una ayudante fiscal y una médica legista de la policía, todas mujeres.

La denuncia contra las autoridades del monasterio fue presentada por la hermana de una monja que lleva 31 años en la clausura, con el patrocinio del abogado Guillermo Alberto. El letrado confirmó a este medio que en el texto se planteó que la religiosa venía insistiendo en que quería abandonar el lugar, pero no se lo permitían y le fueron dificultando los contactos con la familia.