Funcionarios de Seguridad y Justicia recorrieron centros de detención en Metán

Las autoridades del Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 4 y de la Unidad Penitenciaria 2 expusieron sobre el servicio que brindan a las personas privadas de la libertad y sobre la situación de cada dependencia.
METAN29/12/2022Ayelén DíazAyelén Díaz
carcel

El ministro de Seguridad y Justica, Marcelo Domínguez, y la secretaria de Seguridad Frida Fonseca, recorrieron ayer el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 4 y  la Unidad Penitenciaria 2 en Metán, junto al subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado y la directora General del Servicio Penitenciario de Salta, Carina Torres.

En la oportunidad se interiorizaron sobre la situación de los distintos centros de detención, los recursos de servicio, necesidades de trabajo,  infraestructura y población penal.

La directora de Justicia Penal Juvenil, Gabriela Quinteros, recibió a las autoridades y expuso sobre el servicio que brindan y los programas de reinserción social que aplican para los jóvenes. En el lugar se desempeñan operadores penitenciarios que fueron formados especialmente para el abordaje de distintas problemáticas que afectan a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

En la Unidad Penitenciaria 2 evaluaron distintos aspectos de la infraestructura, proyectos de remodelación, talleres de laborterapia, entre otros puntos que se relacionan a la superpoblación carcelaria.

WhatsApp Image 2022-10-04 at 21.14.05

WhatsApp Image 2021-01-27 at 11.28.56


club caballeros 2



Te puede interesar
Lo más visto
Sin título-1

Denuncian graves hechos de violencia familiar y acusan falta de medidas de protección para dos menores en Metán

Juan Cruz Gorosito
METAN06/07/2026
Mientras se acumulan expedientes en los fueros de Familia y Penal, un hombre denuncia que sus dos hijos continúan expuestos a quienes señala como sus agresoras. Asegura que uno de los menores sufrió la fractura de una mano, que ambos relataron episodios de violencia y que, pese a ello, todavía no existen medidas judiciales que impidan el contacto con las personas denunciadas.