El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por dos de los tres integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) creada en el Legajo de Investigación 52/23.
JUDICIALES28/08/2023
Juan Cruz Gorosito
El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por dos de los tres integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) creada en el Legajo de Investigación 52/23.
Ello en el marco de la causa que se sigue contra una mujer de 25 años acusada del delito de sustracción de persona menor de edad.
El 14 de julio de este año, un hombre perteneciente a una comunidad originaria y padre de una niña recién nacida denunció que su hija no estaba en la sala de Maternidad del Hospital Zonal Presidente Perón de Tartagal. La menor fue encontrada casi 24 horas después por un vecino que escuchó su llanto en un baldío ubicado a seis cuadras del nosocomio.
Surge de la investigación que de la inspección de las cámaras de seguridad, se observó el accionar de una mujer que llevaba un bebé en sus brazos.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
