En una audiencia de juicio abreviado realizada de manera remota debido a la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, condenó a Carmen Patricia Álvarez (37) por ser autora del delito de desobediencia judicial (seis hechos) en concurso real y le impuso la pena de seis meses de prisión condicional. 

La jueza encabezó el juicio desde el Salón Auditorio “Rodolfo Urtubey” de la Escuela de la Magistratura.  En tanto, las partes asistieron al juicio desde la sala que esa dependencia tiene en la Ciudad Judicial de Metán, ya que la causa por la que llegó acusada la mujer era originaria de ese Distrito. 

Teniendo en cuenta el retiro de la acusación por parte de la fiscalía, la mujer fue absuelta del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. 

Durante dos años, Álvarez deberá fijar domicilio y someterse al cuidado del patronato. Además tiene prohibido acercarse al domicilio y a los lugares que frecuente el menor víctima, y deberá abstenerse de comunicarse con él por cualquier medio (telefónico, redes sociales, whatsapp, entre otros). 

También tiene la obligación de realizar tratamiento psicológico para el control de sus impulsos una vez finalizada la cuarentena dictada por el COVID-19. 

En febrero del año 2018, una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, requirió juicio para Carmen Patricia Álvarez,  imputada por los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima y desobediencia judicial (seis hechos) en perjuicio de un menor de 15 años, con el que habría mantenido un vínculo sentimental, según informó El Tribuno.

En el requerimiento, López Ibarra detalló los elementos de prueba valorados a lo largo de la investigación, entre ellos los testimonios recogidos, tareas investigativas y de inteligencia realizada y diversas pericias incorporadas en la causa.

En noviembre del año 2017, la empleada judicial había sido detenida en el marco de la investigación del supuesto abuso del menor. La medida fue solicitada por el fiscal López Ibarra, debido a que Carmen Patricia Álvarez incumplió con las medidas restrictivas impuestas.

La empleada judicial negó las acusaciones de manera contundente e hizo explosivas declaraciones en su defensa. "Soy inocente y una víctima de la Justicia para la que trabajo", destacó. La mujer negó haber tenido una relación amorosa y contacto sexual con el menor de 15 años.

Las actuaciones se iniciaron por la denuncia radicada por la madre del chico el 10 de agosto e 2017 en la Comisaría 31 de Rosario de la Frontera y luego una ampliación en la Fiscalía Penal de esa misma ciudad, el 15 de ese mes, en la que dio más precisiones de los sucesos.