La jueza Carolina Poma de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán debe analizar un pedido de la querella que solicitó la suspensión de la audiencia de debate que debía comenzar el próximo lunes. Es en la causa donde será enjuiciado el diputado rosarino Gustavo Orozco.
JUDICIALES10/06/2020 Redacción
La jueza Carolina Poma de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán debe analizar un pedido de la querella que solicitó la suspensión de la audiencia de debate que debía comenzar el próximo lunes 22 en un juicio por vejaciones agravadas por uso de violencia, torturas, privación ilegítima y apremios ilegales.
En la causa está imputado el diputado provincial Gustavo Orozco junto a Rubén Medina, Javier Reynoso, Víctor Luna, Andrés Suárez, Denis Coronel, Dardo Pérez y Víctor Orellana. El hecho sucedió el 28 de mayo de 2015, cuando los imputados se desempeñaban como efectivos policiales.
La jueza había dispuesto que el juicio se realizara en el Salón Auditorio de la Ciudad Judicial de San José de Metán.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
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El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
