Se trata del impuesto a los combustibles, que estuvo congelado desde 2021. Los referentes del sector estiman que se trasladará directamente a los valores actuales. El Ejecutivo lo analiza como alternativa para mejorar los ingresos.
PAIS30/01/2024
Juan Cruz Gorosito
En medio del tironeo por la Ley Ómnibus y en su insistencia por sostener el plan de ajuste fiscal, hay una medida que podría mejorar las cuentas públicas por el lado de los ingresos, pero que también podría impactar de lleno sobre el bolsillo. Se trata de la actualización del impuesto a los combustibles, que se encontraba congelado desde 2021, y los referentes del sector estiman que podría representar un aumento del 11% sobre los precios actuales en el surtidor.
El impuesto a los combustibles fue creado mediante la ley 23.966, sancionada en 1998, con el objetivo de financiar fondos de viviendas e infraestructura en todo el país. Se trata, en realidad, de dos tributos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, e impone montos fijos que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC cada tres meses.
El Gobierno tomó la decisión de suspender la aplicación del impuesto desde el primer trimestre de 2021 para evitar el aumento sistemático en el precio de los combustibles en un contexto inflacionario. Sin embargo, esa determinación se extendió en el tiempo y la última disposición oficial al respecto -que se publicó en noviembre del 2023- establecía que el congelamiento quedaría vigente hasta el 1 de febrero de 2024.
“El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”, justificó el Ejecutivo en esa última decisión que fue publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
