Juan Cruz Gorosito
El cobro de la atención a los extranjeros que acuden a los hospitales públicos de Salta derivó en una notable caída de la concurrencia por parte de las personas que no tienen residencia en esa provincia del norte argentino. Según las cifras que confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial, las consultas bajaron de un promedio diario de 30 personas en los principales nosocomios, a menos de 10.
Esa reacción se observa de manera clara en los hospitales de Tartagal y Orán, dos localidades salteñas que limitan con Bolivia. Allí, el Gerente de hospitales de Orán, Fabián Valenzuela, confirmó que sólo durante marzo la concurrencia cayó estrepitosamente. El funcionario aclaró que depende de la época, pero de un promedio de atenciones diarias de entre 20 y 30, en marzo se atendieron sólo 6.
Este fenómeno se repite en los 52 hospitales públicos, de distintos niveles, con los que cuenta la provincia, según corroboraron desde el Ministerio de Salud local. Parte de la explicación puede hallarse en los montos que se conocieron de los valores que tienen las atenciones.
Desde la cartera sanitaria de la provincia confirmaron a modo de ejemplo, el costo de algunos módulos:
$100.000 por día de internación
$190.000 internación en salas intermedias
$250.000 internación en terapias intensivas
$245.000 por parto
$250.000 por internación terapia neonatal
La decisión de exigir el pago de las atenciones a las personas que no residen en la provincia se oficializó el último día de febrero de 2024. El gobernador de Salta, explicó que se trata de una medida que apunta a recuperar entre el 5 y el 10% del presupuesto anual que el Estado provincial destina a la salud pública. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, había argumentado el mandatario.
La decisión se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024. Allí se distinguen cuatro categorías de pacientes para establecer el criterio: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En estas dos últimas clasificaciones entran las personas a las que el gobierno local les exige solventar las prestaciones.
