El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representa al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra José Luis Miranda de 31 años como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento en la inmadurez de la víctima en perjuicio de una menor de edad en atención a la calidad de ministro de culto reconocido. Contra su padre, Benjamín Miranda Abiles de 57 años como autor del delito de corrupción de menores agravada y contra su madre, Sabina Martha Mamaní de 53 años como autora del delito de corrupción de menores agravada en concurso real con el delito de encubrimiento del delito de abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima.

La investigación se inició a partir de un oficio de la Asesoría de Menores e Incapaces, donde se ponía en conocimiento del embarazo de una menor de edad, quien habría sido víctima de abuso sexual.

De la investigación surge que los acusados, siendo miembros de un grupo evangélico perteneciente a la Iglesia Evangélica “Ministerio Apostólico y Profético de Restauración Visión de Águila”, captaban a familias humildes, en situación de vulnerabilidad. En este contexto, José Luis Miranda como predicador abusó sexualmente de la menor víctima, quien dio a luz un hijo de éste, tal como surge de los informes genéticos.

El pastor Benjamín Miranda Abiles y su esposa Sabina Martha Mamani, quien tenia la guarda provisoria de la menor, promovieron y facilitaron la corrupción de la víctima, interfiriendo con su accionar en el normal desarrollo del proceso de formación de la sexualidad mediante actos prematuros excesivos para una niña de 13 años de edad; teniendo la acusada conocimiento de la actitud de su hijo José Luis Miranda hacia la niña, con la cual mantenía una relación amorosa, consentía dicha relación tal como surge de la investigación, tratando en todo momento con su accionar de ocultar tal situación mientras facilitada que los hechos se continúen realizando.

La audiencia está a cargo de la jueza Carolina Poma Salvadores y tras cinco jornadas, se pasó a un cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal. Al reanudarse, se producirán los alegatos de las partes.