El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, hizo lugar a la medida cautelar formulada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
JUDICIALES28/04/2021 Redacción
En ese sentido, la obra social deberá autorizar y proveer de manera inmediata la prestación del servicio de internación domiciliaria que se brindaba a una mujer de 86 años, con asistencia médica, cuidador y fisioterapeuta, durante el tiempo que dure su tratamiento.
La medida cautelar fue dictada en el marco de un amparo interpuesto por la hija de la mujer, luego que el PAMI, suspendiera la prestación del tratamiento sin motivo alguno, lo que, a decir de la accionante, puso en grave riesgo la vida de su madre.
Dijo el juez que “sin lugar a dudas, la búsqueda de recuperar su salud y mejorar su calidad de vida ante una enfermedad grave y continua, supera la necesidad de esperar los tiempos ordinarios de la acción de amparo, que aunque sea la más expedita de todas las acciones, ineludiblemente le llevará más tiempo que el necesario para continuar con el tratamiento que lleva consigo un sinnúmero de preparaciones físicas y psicológicas. En casos como este debe primar la urgencia médica y evitar excesivos rigorismos formales, razón por la cual resulta viable el acogimiento de la medida cautelar peticionada.”
La mujer padece de demencia senil hemiplejia derecha, bajo peso e imposibilidad de alimentarse por sus propios medios.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
