El procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, firmó un convenio específico de colaboración con su par Juan Bautista Mahiques, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por el que éste asesorará en la organización y gestión de la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, cuya creación fue promulgada en 2019.
JUDICIALES04/08/2021 Redacción
El convenio establece que el equipo de trabajo de Salta realizará capacitaciones, charlas virtuales, encuentros presenciales y trabajo en conjunto con sus pares de Buenos Aires y especialmente, teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal de CABA ha constituido la lucha contra la ciberdelincuencia como uno de los ejes institucionales fundamentales de su política criminal. Todo ello, porque las acciones ilícitas cometidas a través de medios digitales impactan en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.
A fin de programar, orientar y coordinar las actividades, el Procurador General designó a la secretaria General de Política Criminal del MPF de Salta, Sofía Cornejo, como coordinadora y el Ministerio Público de CABA hizo lo propio, con la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones, Daniela Dupuy.
Cabe recordar que en diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo Provincial promulgó la ley que establece la creación de una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia, con competencia en todo el territorio salteño y con asiento en el Distrito Judicial del Centro. La Fiscalía todavía no funciona.
La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y persecución de delitos, cualquiera sea su naturaleza, siempre que para su comisión sean utilizados medios informáticos y sus derivados cometidos a través de la red. Se entiende por “delito informático” a toda acción u omisión así prevista como tal en la legislación penal argentina, que fuera dirigida hacia medios informáticos, o bien que se concretara mediante la utilización de estos. Serán funciones de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia: intervenir en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
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