La Corte de Justicia de Salta estableció que el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de tercera nominación comience a funcionar desde el próximo lunes 9 de agosto.
JUDICIALES05/08/2021
Juan Cruz Gorosito
La acordada 13447 establece que el nuevo juzgado comenzará su turno el 16 de agosto, mientras que la atención al público iniciará desde el 17.
El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de tercera nominación fue creado por Ley Provincial 8158, publicada en el boletín oficial el 18 de septiembre de 2019.
La jueza designada por acuerdo de la Cámara de Senadores para encabezar el nuevo juzgado prestará juramento este viernes 6 de agosto a las 12, en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría”. Se trata de María Carolina Cáceres Moreno.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
