La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, dispuso que el condenado continúe en libertad por la modalidad de la condena dictada.

González cumplía funciones como técnico liquidador de sueldos en el área correspondiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.

A partir de un reporte solicitado a la Dirección General de Informática sobre los registros de liquidaciones realizados mediante operación manual del sistema a cargo de Marcelo Nicolás González, se detectaron importes que no coincidían con la grilla salarial vigente ni con la situación de revista de los docentes a quienes se destinó el pago. Las liquidaciones irregulares se efectuaron entre 2014 y 2015.
La irregularidad salió a la luz a partir de una consulta realizada por la coordinadora de los Institutos de Idiomas de Salta.  

La denuncia contra González fue presentada por el ministro de Educación.

Para conservar la prisión en suspenso, el imputado deberá fijar residencia, mantenerla actualizada y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; realizar trabajos no remunerados a favor del Estado durante el término de seis meses, cumpliendo cinco horas semanales en el Hospital Público de Metán, fuero de sus horarios habituales de trabajo; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. Todo ello por el término de dos años.

La jueza hizo lugar además a la demanda civil presentada y condenó a González a pagar al Estado provincial la suma de 22.500 pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes.