Marcelo Nicolás González (35) fue condenado a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas por resultar autor del delito de fraude a la administración pública.
JUDICIALES24/08/2021
Juan Cruz Gorosito
La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, dispuso que el condenado continúe en libertad por la modalidad de la condena dictada.
González cumplía funciones como técnico liquidador de sueldos en el área correspondiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.
A partir de un reporte solicitado a la Dirección General de Informática sobre los registros de liquidaciones realizados mediante operación manual del sistema a cargo de Marcelo Nicolás González, se detectaron importes que no coincidían con la grilla salarial vigente ni con la situación de revista de los docentes a quienes se destinó el pago. Las liquidaciones irregulares se efectuaron entre 2014 y 2015.
La irregularidad salió a la luz a partir de una consulta realizada por la coordinadora de los Institutos de Idiomas de Salta.
La denuncia contra González fue presentada por el ministro de Educación.
Para conservar la prisión en suspenso, el imputado deberá fijar residencia, mantenerla actualizada y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; realizar trabajos no remunerados a favor del Estado durante el término de seis meses, cumpliendo cinco horas semanales en el Hospital Público de Metán, fuero de sus horarios habituales de trabajo; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. Todo ello por el término de dos años.
La jueza hizo lugar además a la demanda civil presentada y condenó a González a pagar al Estado provincial la suma de 22.500 pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
El Ministerio Público Fiscal acusa 20 personas de conformar una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas.
