Salta es líder en el desarrollo de políticas de recepción e inclusión de migrantes y refugiados

En el Encuentro Provincial de Iniciativa Ciudades Solidarias de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Salta volvió a ratificar su compromiso con la causa y los objetivos de recepción e integración de las personas que llegan en busca de protección. El programa, al que la provincia adhirió en 2019, busca fortalecer las redes de articulación entre los gobiernos locales apuntando al desarrollo de un marco estratégico de cooperación sostenible, para asegurar la protección e inclusión socioeconómica de la población de interés con necesidades de protección internacional en las comunidades de acogida.

En la apertura de la actividad, encabezada por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el Representante regional de ACNUR para el Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo, la intendenta Bettina Romero y el secretario de Justicia, Diego Pérez, se calificó a Salta como “provincia líder, a nivel país, en cuanto al desarrollo de políticas de recepción e integración de personas refugiadas y migrantes”.

En la ocasión se detallaron los avances de la iniciativa en la provincia, en cuanto al desarrollo de un marco normativo e institucional para la protección de personas migrantes y refugiadas además de programas y proyectos que apuntan a la inclusión social y laboral de las mismas, a través de un trabajo mancomunado en una mesa interinstitucional y de contacto directo con los beneficiarios.

En esa misma línea, el ministro Villada marcó a la sinergia entre los diversos niveles de Gobierno y ACNUR como el camino adecuado para construir una Salta mucho más inclusiva y solidaria a la vez que ratificó el compromiso con la iniciativa asegurando que, “vamos a continuar con este trabajo para que las personas que tuvieron que abandonar sus hogares y familia, por la vulneración de sus derechos, se sientan bienvenidos y como en casa”.

Por su parte, Murillo, resaltó la importancia de que las personas migrantes que debieron abandonar su país, en el proceso de desarraigo, se encuentren con un Gobierno que “que abre sus puertas y les da un cálida bienvenida”. A su vez, el Representante, a cargo de la Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina destacó la inclusión laboral de la población de interés en el Plan Provincia de Derechos Humanos creado por Salta.

“Hoy tenemos el desafío de avanzar en este trabajo para que Salta siga a la vanguardia en la recepción y protección de las personas que debieron migrar o refugiarse”, agregó Murillo.

Durante el encuentro, Mercedes Chirinos, migrante venezolana que hace siete años llegó a Salta y se radicó en la provincia junto a su esposo, comentó su experiencia de vida y los procesos que tuvo que atravesar para superar el desarraigo y lograr integrarse a “una nueva cultura, sociedad e idiosincrasia diferentes”. “Me parece maravilloso que exista esta iniciativa que nos ayuda a sobrellevar el proceso que implica la migración. Es importante que las instituciones gubernamentales puedan brindarnos contención y asesoría y esperamos que estas políticas y soluciones se mantengan en el tiempo y puedan seguir mejorando”, finalizó.

Participaron en el encuentro, el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, la directora de Culto, Daniela Chávez, la Asociada de Soluciones Duraderas de ACNUR, Lucia Mathews, autoridades provinciales, miembros de las comunidades migrantes, entre otros.

Iniciativa Ciudades Solidarias
El programa es impulsado por la Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina con el objetivo de que los gobiernos locales y provinciales brinden a las personas refugiadas, solicitantes de tal condición, titulares de residencias por motivos humanitarios, apátridas y personas de interés de organismo, un nivel de protección, goce de derechos y acceso a servicios que favorezcan su inclusión en su comunidad de acogida. En este sentido, para lograr la categoría de “ciudad solidaria” se deben cumplir criterios que abarcan, entre otros, aspectos tales como un alto nivel de compromiso y coordinación institucional, la implementación de políticas para la inclusión económica, sociocultural, legal y política, y el desarrollo de mecanismos, servicios e infraestructuras para favorecer la recepción e integración de las personas con necesidades de protección.