El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro sobre la elevación a juicio de la causa. El hecho ocurrió en 2015.
JUDICIALES24/03/2022
Jesús Ortega
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos había formulado requerimiento de juicio en contra de Gustavo Orlando Orozco, Rubén Darío Medina y Denis Arnaldo Coronel, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, por un hecho ocurrido el 3 de febrero de 2015, en perjuicio de un vecino de Rosario de la Frontera.
Entre los considerandos para sostener la negativa al recurso de nulidad presentado por el defensor del imputado Orozco, y los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de todas las partes, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González estimó que no corresponden, por tratarse de un hecho de gravedad institucional, que podría acarrear responsabilidad internacional del Estado si no se dilucida en la audiencia de debate.
Según consta en la investigación, las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia radicada por un vecino, en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, debido a agresiones físicas.
El denunciante fue víctima de un episodio a la salida de un festival al que había asistido en el Complejo Deportivo Municipal de la Candelaria, recibiendo un trato denigratorio y humillante, físico y verbal.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
El Ministerio Público Fiscal acusa 20 personas de conformar una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas.
