Esta mañana, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a tres miembros de la División Robos y Hurtos por abuso de autoridad y asociación ilícita y a un suboficial por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal.
CAUSA FINANCIERA ILEGAL12/04/2022 Redacción
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a los cuatro miembros de la Policía de la Provincia de Salta que fueron citados el jueves durante los allanamientos realizados en ocho domicilios de la capital.
Tres de los cuatro policías imputados esta mañana pertenecen a la División Robos y Hurtos, mientras que el cuarto es un suboficial que fue acusado provisionalmente de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal. Se abstuvo de declarar y fue asistido por un defensor público.
En cuanto a los suboficiales de Robos y Hurtos fueron imputados provisionalmente por los delitos de abuso de autoridad y asociación ilícita. Los tres contaron con defensa pública y dos de ellos declararon, negando su participación en los hechos. El último imputado eligió mantener silencio y no declarar.
La fiscal Salinas Odorisio no solicitó la detención de ninguno de los cuatro ya que considera que su libertad no entorpece la investigación por el rol que habrían cumplido en la organización.
Hasta el momento, son 21 los implicados en la causa de la financiera ilegal: 15 se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.
El Juzgado de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Moya sea juzgado por 849 hechos de estafa y 849 hechos de falsedad de instrumento privado. Junto a ella, irán a juicio otras 26 personas, entre ellas, 13 efectivos de la Policía de Salta.
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
En esta ocasión la victima no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.
Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados. Dichos automóviles serán entregados a quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.
