La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar parcialmente a un recurso de apelación y revocó parcialmente una sentencia de primera instancia
JUDICIALES14/05/2022 Redacción
De esta forma una concesionaria y una empresa automotriz fueron condenadas solidariamente a entregar a un hombre un automóvil nuevo o el que lo reemplace en el mercado de iguales o mejores características debiendo el denunciante cancelar el precio y los gastos convenidos. Pero además tanto automotriz como concesionaria deberán abonarle al hombre veinte mil pesos por daño moral más intereses y cincuenta mil pesos por daño punitivo.
El hombre había resultado adjudicatario por sorteo del vehículo, pero posteriormente se anuló tal acción pese a que depositó el monto convenido pero en la cuenta de la concesionaria y no de la automotriz.
Las juezas Guadalupe Valdés Ortiz y María Isabel Romero Lorenzo señalaron que en la causa no hay contrato alguno que pruebe que se ha establecido la prohibición de realizar el depósito en una cuenta y no en otra. “Es claro entonces que ese depósito tenía esa finalidad pues no hay razón alguna probada por la cual se explique porqué el accionante depositaría ese mismo importe en la cuenta de quien le vendió y atendía los asuntos relativos a su plan”, todavía más cuando fue la misma concesionaria que le informó el número correspondiente a su cuenta bancaria.
La concesionaria aceptó sin reparos el depósito y esto tiene relevancia jurídica, puntualizaron las juezas.
Por la actividad desplegada por concesionaria y automotriz, “se ha generado una apariencia evidente de ser ambos demandados responsables de la entrega de la cosa y de todo lo relacionado al contrato de ahorro. Esta situación ubica a los accionados en responsabilidad solidaria”, apuntaron.
Entonces no medió incumplimiento del consumidor, sino todo lo contrario.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
