En sede fiscal, la mujer que radicó la denuncia contra un diputado provincial por el departamento La Candelaria, ratificó en su declaración lo vertido en sede policial. El fiscal trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho investigado.
JUDICIALES24/05/2022 Redacción
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que lleva adelante, informó que la denunciante fue citada a sede fiscal y que en su declaración ratificó en todos sus términos lo vertido en sede policial.
Cabe recordar que la mujer señala que había gestionado una beca oportunamente ante el legislador, y que al realizar un trámite en ANSES, descubrió que en la cuenta bancaria por donde percibía el beneficio, se realizaban movimientos con importantes sumas de dinero a su nombre, y que ella desconocía.
El fiscal Rodríguez López explicó que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho, entre las que se cuenta la solicitud de informes a la institución bancaria, a la Cámara de Diputados y otras diligencias.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
