A solicitud de la Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Gómez Amado y Rodríguez López, el juez de Garantías Mario Dilascio, intimó a las partes que conforman la investigación a no divulgar información y material que forma parte de la investigación en curso.
JUDICIALES01/06/2022 Redacción
Los fiscales penales Gonzalo Gómez Amado y Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que llevan adelante en Unidad Fiscal por el homicidio calificado de Víctor René Córdoba, solicitaron al Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, que se intime a las partes intervinientes a no divulgar información sensible e incluso material fotográfico que integra la causa a través de medios periodísticos o redes sociales.
Señalan en la solicitud que estos comportamientos afectan el desarrollo de la investigación y la sensibilidad de las familias de las partes, constituyendo un comportamiento reprochable.
El juez Mario Dilascio hizo lugar a la solicitud fiscal y resolvió intimar al abogado defensor de los imputados y al abogado querellante, a dar estricto cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 257 y 259 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento de correr vista al Colegio de Abogados de la Provincia de Salta y/o a la autoridad que corresponda.
A continuación se reproducen los artículos citados por el magistrado en la resolución según la publicación del Ministerio Público Fiscal.
Acceso a la investigación
ART. 257.- Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieren expresa autorización legal o de la autoridad para conocerlos. En casos especiales y no existiendo peligro para la investigación, la autoridad interviniente podrá dispensar la reserva establecida.
Toda persona que por su función o participación tuviera acceso a los actos cumplidos en la investigación penal preparatoria, deberá guardar reserva y abstenerse de informar sobre los mismos.
Carácter de las actuaciones
ART. 259.- El legajo de investigación será público para las partes y sus defensores, quienes lo podrán examinar en cualquier momento, aún antes de la declaración del imputado. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, están obligados a guardar secreto. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, el incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado conforme a las disposiciones de la ley respectiva.
En la audiencia de imputación, el sujeto negó tener vinculación con el hecho, ocurrido el 17 de noviembre pasado. Quedó alojado en la Alcaidía.
El Tribunal Judicial Provincial detalló las pruebas que atribuyen a Javier Nicolás Saavedra la autoría material del crimen ocurrido en 2017 en Vaqueros. El veredicto se apoya en evidencia genética “de certeza científica”, testimonios clave y el análisis del modus operandi. La Fiscalía continúa investigando la posible participación de un segundo agresor y evalúa la absolución de los restantes imputados.
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La orden de presentación se dictó en el marco de una investigación por presunta falsificación material de documento privado. Durante la diligencia, se solicitaron documentos e información clave para determinar un posible uso indebido del sello y la firma de un médico, así como para evaluar eventuales perjuicios económicos tanto para el profesional como para el IPS.
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En su confesión ante la Justicia, Ernesto Clarens detalló cómo cambiaba pesos por dólares, cómo se entregaba el dinero a José López y Daniel Muñoz, y el rol de Néstor y Cristina Kirchner en el esquema ilegal de recaudación descrito en la causa Cuadernos.
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