Un abogado que representa al gobernador Saenz imputado por usar una credencia apócrifa

JUDICIALES 13 de octubre de 2022 Por Redacción
Se trata del abogado Martín Miguel Poma Ovejero que se había presentado en defensa de un recluso sin contar la matrícula federal correspondiente. El letrado pidió que se prohíba a la prensa que se publique su nombre porque representa al gobernador Gustavo Saenz en juicios contra algunos medios de prensa.
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Foto publicada por El Tribuno

A instancia del fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, el juez de Garantías N°1 Julio Bavio hizo lugar a la imputación penal por los delitos de falsificación de documento y falta de habilitación para representar a un cliente en una audiencia judicial.

La acusación recayó sobre el abogado Martín Miguel Poma Ovejero, detenido el 1° de julio pasado por orden del juez de Ejecución y Sentencia del Tribunal Oral Federal N°2, Abel Fleming, luego de descubrir que el letrado se había presentado en defensa de un recluso sin contar la matrícula federal correspondiente.

Luego se logró establecer que la credencial de abogado presentada había sido adulterada y que la identidad consignada en ella no era la propia, sino la de otro abogado. En función de ello, el juez ordenó la inmediata detención, que se mantuvo hasta horas después, cuando se comprobó su verdadero nombre.

A partir de este hecho, el fiscal Amad inició una investigación preliminar que fue formalizada ante el juez Bavio, quien aceptó los argumentos expuestos por la fiscalía, como también una serie de medidas de coerción requeridas para garantizar el desarrollo del caso.

Sobre la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó en detalle lo sucedido en la audiencia desarrollada ante el juez de ejecución y sentencia, en la que el imputado Poma Ovejero se presentó para representar los intereses de Gastón Gabriel Roldán.

“Este señor -por el acusado- se identificó con una matrícula federal del interior a nombre de Jesús Nicolás Graneros, credencial que presentaba signos evidentes de haber sido adulterada”, sostuvo el fiscal en referencia a las razones por la que se ordenó, en ese momento, su detención.

Entre las medidas diligenciadas para determinar su verdadera identidad, describió la toma de huellas dactilares, la verificación en su domicilio particular a través de familiares y la constatación de su lugar de trabajo, lo que permitió corroborar que “no era quien decía ser”.

En la audiencia, el imputado solicitó a través de su defensora que se retire la prensa y pidió exclusivamente que no se mencione su nombre ya que se le puede causar daño a su profesión y reputación. “Estoy llevando tres juicios contra la prensa en nombre del gobernador (Gustavo) Sáenz, me puede afectar muchísimo”, aseveró.

Censura previa

 Tal como ocurrió cuando el acusado fue detenido, la audiencia celebrada ayer no pasó desapercibida. En este caso, fue por la incomodidad que generó en Poma Ovejero la presencia en la sala de un periodista del Área de Prensa de la Unidad Fiscal, tanto que, apenas iniciada la misma, su defensa realizó un planteo dirigido a vedar la publicidad parcial de dicho acto.

“Mi asistido es abogado y se encuentra bastante incomodo con la presencia en la sala de un periodista”, sostuvo la defensa del letrado, la que, si bien reconoció que se trata de un integrante del MPF y que las audiencias son públicas, señaló la necesidad de cumplir con un mandato expreso de su cliente.

“Yo pido que se haga la reserva del nombre porque el principio de inocencia, aunque yo demuestre esto al final del proceso, el daño que puede hacer a mi profesión, a mi reputación, y más que estoy llevando tres juicios contra la prensa en nombre del gobernador (Gustavo) Saenz, me puede afectar muchísimo”, manifestó el letrado imputado.

Corrida la vista del pedido, el fiscal recordó que Poma Ovejero “es imputado y estamos en el inicio de un proceso que es oral, público y me parece que no hay ningún tipo de daño, máxime si aún no escuchó los cargos, aunque yo creo que él sabe perfectamente lo que hizo, venir a decirnos acá que es el abogado del gobernador de la provincia, me parece que no ayuda en nada”.

E insistió en afirma que “este es un proceso público” y a mi parecer el imputado “quiere plantear un caso de censura previa”, por lo que solicitó que sea rechazada la pretensión realizada por considerar que no existió ninguna violación de sus garantías constitucionales.

Acto seguido, el letrado acusado reiteró que tramita un amparo contra diarios y portales informativos de la provincia. “Yo lo único que pido es que se reserve el nombre del imputado”, insistió el letrado, para quien todo esto se trata solo de una “confusión”.

Al dirimir la cuestión, el juez Bavio rechazó el pedido defensivo en base al criterio ya adoptado la materia. “Por diferentes motivos, siempre, un proceso penal que se inicia, puede subjetivamente -por parte del imputado- sentir que se puede afectar su buen nombre y honor, pero el principio de publicidad del proceso es el que impera y no puede ser invocado con anterioridad”.

No descartó un nuevo análisis del pedido si en lo sucesivo del proceso surgen elementos que justifiquen la afectación de la intimidad, “entonces se tendrá en cuenta”. “Pero acá hubo personas sentadas que tenían vinculaciones familiares y políticas muy importantes; y se resolvió que, por ello, no podía disponerse una reserva por el principio basal del sistema oral es la publicidad”, agregó el juez al dar por cerrado el cuestionamiento.

Al final de la audiencia, sin embargo, la defensa volvió a insistir en el pedido de reserva del nombre del imputado, circunstancias en que el mismo Poma Ovejero insistió en sostener que existirá confusión por parte de los medios de prensa, pues “ningún periodista va entrar en la diferencia” entre usurpación de título y la falta de habilitación o credencial, planteo que volvió a ser rechazado por el juez.

“De los fundamentos dados por el Ministerio Público Fiscal, se expuso claramente que sí posee título de abogado, también expresado por su defensa, y que no tenía autorización para ejercer la matrícula federal y probablemente uso una credencial falsa, esa es la imputación. Y la comunidad tiene derecho a saber de que habría incurrido en esa potencial infracción”, concluyó.

Fuentes FM Profesional y El Tribuno

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