La decisión se tomó luego del sobreseimiento de Santos Clemente Vera. La investigación deberá estar a cargo de un Juez de Instrucción en Transición, la UF deberá profundizar un análisis integral que contemple no solo la recolección de nuevas evidencias, sino en la reevaluación de las pruebas existentes.
JUDICIALES20/02/2025
Redacción
El Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada para continuar con la investigación del crimen de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Esta decisión se tomó luego del fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, invocando la figura de la insubsistencia de la acción penal debido al transcurso del tiempo y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
La Procuración General de la Provincia dictó la Resolución N° 1594/25 disponiendo la creación de una Unidad Especial, conformada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM); el Fiscal Penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el Fiscal Penal UGAP, Gabriel González.
La investigación deberá estar a cargo de un Juez de Instrucción en Transición, en cumplimiento de la normativa procesal vigente al momento de la comisión de los hechos. La Unidad Fiscal deberá profundizar un análisis integral que contemple no solo la recolección de nuevas evidencias, sino en la reevaluación de las pruebas existentes, bajo un enfoque exhaustivo y multidisciplinario. Esto con la finalidad de agotar todas las líneas de pesquisas disponibles.
Se tuvo en cuenta además, que se encuentra vigente la Ley 26196, que aprueba el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa.
Destaca la Resolución, que el acceso a la justicia y la protección de las víctimas no solo constituyen principios fundamentales del derecho internacional, sino que también imponen a los Estados la responsabilidad de garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales y eficientes, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, considera que la investigación debe mantenerse activa, utilizando herramientas de análisis científico y tecnológico actualizado, colaborando directamente con el Juez de Instrucción.
Por último, la Resolución de Procuración General, instruye a la unidad fiscal a merituar la necesidad de la conformación de un equipo de investigadores especiales para coadyuvar con las diligencias de investigación a proponer, con la sola condición de que entre los seleccionados no hayan tenido intervención previa en el caso.
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